Xalapa, Ver.- La fracción legislativa de Morena presentó una nueva versión de reforma al código civil, que fue declarado inconstitucional desde el año 2015. En la redacción de la propuesta se refleja la presión política de la iglesia, pues en esta ocasión se define al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, cerrando la posibilidad a la unión igualitaria.

El 12 de mayo se dio entrada a un paquete de reformas al código civil; la diputada Mónica Robles Barajas pidió, ya iniciada la reunión de trabajo, incluir su propuesta que promueve cambios a la ley secundaria.

El documento se subió a la plataforma del Congreso local, como un anexo horas después de que concluyó la sesión ordinaria.

La propuesta es casi idéntica a la que se enlistó en la sesión del 7 de marzo del 2019; contiene la misma exposición de motivos; el único cambio en su redacción es la definición de matrimonio que se incluye en el artículo 75.

En enero de este año, el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez, respaldó el dictamen de reforma que promovía, entre muchos otros derechos, el matrimonio igualitario, y aseguró que a Morena no le preocupaba el amague de la Iglesia de votar contra la izquierda.

Sin embargo, a casi un año de que se dé la renovación de las 212 alcaldías y de los diputados locales, se obligó a Robles Barajas adecuar su iniciativa, para lograr el respaldo de la mayoría. 

Morena ha sido criticada por líderes de partidos políticos de oposición de utilizar la contingencia sanitaria para modificar las leyes a modo; en los últimos dos meses: se obligó a destituir de manera definitiva a Jorge Winckler Ortiz de la Fiscalía General y se aprobó una reforma electoral que recortó las prerrogativas a partidos políticos.

Por lo anterior, no se descarta un nuevo albazo legislativo, pues el aislamiento social limitaría posibles manifestaciones de católicos y grupos Profamilia, que han externado su malestar por promover figuras como el divorcio exprés.

La historia 

Desde el 26 de junio del 2019, se hizo circular un dictamen que modificaba al menos 50 artículos del código civil, entre ellos estaba el 75, que establecía al matrimonio como la unión de dos personas que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y constituir una familia como forma de relación social y personal.

La 65 Legislatura se perfilaba como la tercer Cámara, ahora con mayoría de Morena, que buscaba dar certeza jurídica al matrimonio gay o unión igualitaria. Sin embargo, previo el análisis del dictamen, la Iglesia reprobó la intentona de "un pequeño grupito" que pretende imponer una ideología.

La presión de la iglesia fue tal que el tema no se agendó en el resto del periodo ordinario de sesiones -que concluyó el 30 de julio del 2019-.

El 5 de noviembre del 2019, unas horas después de rendir protesta como nuevo presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe se comprometió que en la agenda del segundo año de ejercicio de la Cámara se incluirá temas como ampliar las causales del aborto y el matrimonio igualitario.

El argumento del legislador es que la Cámara no puede ir en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o de tratados internacionales que garantizan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y que obligan al Estado a garantizar la interrupción legal del embarazo.

En enero se anunció que se votarían las modificaciones al código civil antes de concluir el periodo ordinario para legitimar y socializar la propuesta. La diputada Mónica Robles Barajas organizó diversos foros a lo largo y ancho del Estado.

El malestar de la iglesia y grupos Profamilia y Provida se evidenció en las reuniones, en los casos de Orizaba y Coatzacoalcos “reventaron” las reuniones en la que participaban diputados y abogados; en el Puerto de Veracruz se canceló, para evitar disturbios.

En el caso de Xalapa, el foro Por la Igualdad y la No Discriminación, hacia un Código Civil más incluyente” se realizó el 23 de enero, antes del evento se blindó el Congreso local y aunque se controló el acceso de feministas y católicos, se dieron gritos y empujones entre los asistentes.

En el evento se presentó el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, lo que se interpretó como un espaldarazo a la diputada Mónica Robles, en el discurso oficial el funcionario morenista hizo un llamado a los legisladores locales para sacar la reforma por unanimidad, “no es momento de ambigüedades”.

Ya en entrevista, aseguró que al partido en el poder no le preocupa el voto en contra en la próxima elección local de parte de integrantes de la iglesia o grupos Profamilia, pues no se están restringiendo derechos a la población en general.

Y consideró que la confrontación que se dio en los foros que organizó Morena, donde grupos católicos y otros sectores de la población se han manifestados, son muestra de intolerancia.

“El ejercicio de los derechos no debe implicar el costo político para nadie, si alguien quiere restringir derechos por supuesto que lo vamos a pagar. Las iglesias deben reconocer que, así como existe la libertad de creencia religiosa en nuestro país, deben reconocer la libertad de los derechos de quienes piensen distinto a ellos”, planteó en entrevista en el Congreso local.

Reforma promueve derechos de tercera generación

La iniciativa propone que el concubinato se asuma como una figura similar al matrimonio, sobre todo en cuanto a los derechos que se derivan de la unión de las personas, lo que le da derecho a la alimentación y pensión a la pareja. Regirán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia, en lo que le fueren aplicables

Las personas que hayan convivido bajo el régimen de concubinato, durante los dos años que precedieron inmediatamente a la muerte, o un tiempo menor si han tenido hijos, tienen mutuo y recíproco derecho a heredarse, lo que da certeza jurídica a parejas del mismo sexo y heterosexuales.

Se plantea permitir disolver el vínculo matrimonial, con la sola expresión de la voluntad de ambas o de una de las partes, sin tener necesidad de acreditar alguna de las causales, a fin de evitar que se desgaste la relación familiar, es decir, se reconoce la figura de divorcio exprés.

Se incorpora a la iniciativa lo referente a la pensión compensatoria para la o el cónyuge, que se hubiera dedicado a las labores domésticas y de cuidado de la familia.

En caso de divorcio, el órgano jurisdiccional tomando en cuenta el desequilibrio económico que pueda presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial, determinará una pensión alimenticia y/o compensatoria a favor del cónyuge que hubiera quedado en desventaja.

Las hijas e hijos de matrimonio llevarán el nombre o nombres propios que les impongan su madre o su padre seguido de sus apellidos en el orden en que estos decidan.

En el proyecto se regula la obligación de dar alimentos a menores de edad, y establece que tanto el padre como la madre deben cumplir con hijas e hijos. Y si ellos no pueden se involucra a otros miembros de la familia para cumplir con la pensión a menores de edad.