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Irregular que Jucopo acapare designación de fiscal

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La Jucopo no puede suplir la función de la Comisión de Procuración de Justicia, como lo marca la Constitución local

Xalapa, Ver.- La determinación de establecer que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sea la que determine por sí sola la designación del Fiscal General del Estado y el Fiscal Anticorrupción, podría echar abajo las bases en ambos procesos en caso de que los aspirantes promuevan un amparo federal.

La Jucopo no puede suplir la función de la Comisión de Procuración de Justicia, como lo marca la Constitución local, aseguró el abogado Víctor Flores, quien detalló que se trataría de una violación a la Constitución.

“La Jucopo no puede invadir funciones de la Comisión de Procuración de Justicia, podría dar lugar a aspirantes promuevan juicios de amparo, no obstante, la convocatoria puede ser subsanada en cualquier momento y republicarse conforme a lo que establece la ley”, detalló.

El jueves 30 de abril se publicaron las reglas para llevar a cabo la elección de Fiscal General y Fiscal Anticorrupción, en donde se establece que el órgano que agrupa a los representantes de todas la fracciones parlamentarias se encargaran del proceso para renovar la titularidad en la FGE y la Fiscalía Anticorrupción..

El artículo 67 de la Constitución del Estado, - inciso C, fracciones III IV- detalla que, será la Comisión de Procuración de Justicia la responsable de llevar los trabajos de recepción, revisión y valoración de los candidatos, además de los integrantes de ese grupo de trabajo citarían a entrevistas a los aspirantes, para luego emitir el dictamen correspondiente.

Contrario a lo a que se difundió en la Gaceta Oficial del Estado y que se publicó en la página de la Cámara de diputados; por lo que el legislador Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien dictaría la decisión y no José Manuel Pozos Castro.

En la convocatoria se contemplan las certificaciones y exámenes de control y confianza para poder ingresar al órgano autónomo encargado de la procuración de justicia a nivel estatal.