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Exaspirante a gubernatura de Veracruz denuncia a Yunes por tortura

  • Redacción
Marisol Hernández también señaló al exmandatario por violencia política; dijo haber sido presionada por "negociadores" del gobierno en 2018

Xalapa, Ver.- Personas afines al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el fiscal Jorge Winckler Ortiz, ejercieron tortura y violencia política de género en contra de Marisol Hernández Gómez, exaspirante a candidata independiente a la gubernatura en 2018.

Al realizar denuncia pública y verbal ante la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), María Candelaria Ochoa Ávalos, enfatizó que luego de ser detenida y vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad de un menor de edad, recibió la visita en prisión de "negociadores" del Gobierno del Estado.

Estos le pidieron entregar los padrones de quienes participaban en su proyecto; además de agregarse a la campaña a gobernador de Miguel Ángel Yunes Márquez.

"Dos meses antes de la elección acudió personal de Palacio de Gobierno a platicar conmigo y me dijeron 'esta es tu última oportunidad de salir en libertad, dile a todo tu equipo de trabajo que se sume a la campaña política, si te sumas mañana tienes la resolución a una apelación favorable para que mañana te vayas en libertad'".

Narró que fue detenida junto con otras 6 personas, y hubo quienes intentaron obligarla a renunciar a sus derechos políticos, ya que personal del Cetro de Readaptación Social la golpeó con ese fin.

"Querían que me sumara a la candidatura del hijo del gobernador a cambio de salir en libertad; no acepté y se dio vista a autoridades, a Derechos Humanos y como no acepté nos vincularon a proceso a todos y pasamos unos meses muy difíciles en prisión", acusó.

Tras las elecciones, y con la derrota del hijo del gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez, Marisol Hernández pudo salir en libertad gracias a un amparo, sin embargo su proceso todavía no concluye.

Además, su representante Martín Santos Villegas acusó que también sufrió actos de tortura durante su estancia en prisión y aunque intentaron denunciar, distintas autoridades se deslindaron, entre estas la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Poder Judicial.

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