• Estado

Congreso revive decena de juicios políticos; dos son contra Winckler

  • Carlos Caiceros
Los legisladores de Morena buscan aplicar el procedimiento al fiscal destituido Jorge Winckler, pese a su remoción

 

Xalapa, Ver. - Al menos diez solicitudes de juicio político promovidos ante el Congreso del Estado experimentan un letargo legislativo debido a diversas trabas: desde la desidia, la simpatía partidista o bien simples “lagunas” en los requisitos. 

Sin embargo, un inusual movimiento iniciado en el Grupo Parlamentario de Morena, partido con mayoría en la LXV Legislatura, revive ciertas peticiones de desafuero presentadas desde meses atrás, pero que permanecen retenidas en la “congeladora” legislativa.

Es el caso de una solicitud de juicio político en contra de Jorge Winckler Ortiz, Fiscal General del Estado removido de su cargo por acuerdo con fecha 3 de septiembre de la Diputación Permanente.

De hecho, el Secretario General del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá confirmó que la Comisión Instructora inició la revisión de “asuntos pendientes”.

“Hay procesos que se quedaron 'a medias' y las comisiones van a trabajar, no sé si ya convocaron o están por convocar y son todos los juicios pendientes” adelantó Bahena Corbalá en entrevista.

Admitió que entre tales solicitudes “pendientes” destaca la petición de desafuero contra Jorge Winckler Ortiz.

“Tengo entendido que están los citatorios de la Comisión Instructora para revisar los asuntos pendientes... son por otros tipos de casos” refirió, y añadió que, en el caso del ex fiscal, permanece separado del cargo.

“Está separado de manera temporal, tal y como lo determinó la Junta de Conciliación Política”, agregó.

[relativa1]

Winckler, en la mira

Con dos fracasos a cuestas, la LXV Legislatura de nuevo experimentará la fórmula de someter a juicio político a Jorge Winckler Ortiz, fiscal removido, aunque ahora aprovechará la disolución del antiguo bloque opositor, conformado por las bancadas de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y “Del lado correcto de la historia”.

A esto, la incorporación no oficial, pero tácita, de tres diputadas: Florencia Martínez Rivera y Brianda Kristel Hernández Topete, del PRD, y Erika Ayala Ríos, del PRI

Las tres depositaron voto con sentido negativo en la sesión privada del 22 de febrero pasado para discutir los dos juicios políticos contra Jorge Winckler. Con lo anterior, la mayoría de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Encuentro Social no consiguieron aplicar el desafuero a Winckler.

Hoy, con un nuevo escenario y más sufragios positivos para sus proyectos, la bancada morenista reviviría las peticiones de juicio político contra el fiscal y conseguir los 34 tantos requeridos.

Los antecedentes de tal intento se remontan al 22 de febrero, cuando en asamblea, la LXV Legislatura discutió, pero no aprobó la petición presentada por Arturo Nicolás Baltazar, defensor de Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal general, para separar a Winckler del cargo por los delitos de privación ilegal de la libertad, incomunicación y tortura.

De igual forma, el pleno refutó una petición en igual sentido del penalista Jorge Reyes Peralta, abogado de Gilberto Aguirre, exdirector de servicios periciales, en una acusación contra Winckler Ortiz por tortura.

Sin embargo, en el tintero quedaron dos peticiones pendientes de resolver y de las cuales, la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales nuevamente retomaría: una formulada por el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, al denunciar a Jorge Winckler Ortiz y otros funcionarios de la Fiscalía, por un procedimiento ilegal en su contra para encarcelarlo.

La segunda proviene de la ex delegada de la expolicía ministerial en la zona centro, Carlota Zamudio, quien igual, señala a Jorge Winckler de presiones y malos tratos para procesarla por desaparición forzada.

[relativa2]

Hervidera de juicios

Por su parte, la presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, Mónica Robles Barajas, calculó que al menos diez juicios políticos permanecen pendientes de dictaminar en el Legislativo.

La morenista admitió que esta cifra muestra que “se ha abusado” de esta figura como una forma de remover a funcionarios públicos, a pesar de que esta misma fórmula fue usada cuando su partido intentó remover sin éxito al entonces fiscal general Jorge Winckler Ortiz.

“Es un juicio que tiene elementos políticos y creo que en esta Legislatura ha habido un abuso en ese sentido y creo que tenemos que hacer un trabajo responsable y no dar entrada a cosas que no tengan sustento” refirió.

Mónica Robles Barajas recordó que existen diversos juicios pendientes de dictaminar. De ejemplo, citó el expediente en contra del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edel Humberto Álvarez Peña, por señalamientos de presuntas irregularidades en temas administrativos y financieros.

La anterior, sumada a una solicitud de juicio contra el actual secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por “afectar el correcto despacho de la Fiscalía”, promovida por León Vladimir Hernández Ostos, abogado electoral del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares entre 2015 y 2016. Dijo que ambos funcionarios hicieron declaraciones en contra del entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz.

Además de este caso también está pendiente el juicio promovido por el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, en contra de Winckler Ortiz, y que interpuso a través de su abogado Rodolfo de la Guardia García

El abogado aseguró que se cometió fraude procesal contra su cliente y su familia, actos de tortura contra varios exfuncionarios, así como ilegalidad en la investigación y denuncias por el delito de desaparición forzada en su contra.

“La denuncia es para que investiguen que esos acuerdos que nunca se llevaron a cabo y que fueron un fraude procesal contra Arturo Bermúdez. Es como si usted y yo tuviéramos un acto delictivo, llegamos a un acuerdo, yo no reconozco ningún tipo de culpabilidad, al final usted me dice vamos a llegar a un acuerdo y nunca me cumple, pero sí le entregué bienes”, expuso en entrevistas pasadas, el abogado De la Guardia.

[relativa3]

La diputada Mónica Robles consideró que si ha existido tardanza en la dictaminaron de este y otros casos es porque la Comisión de Gobernación analiza cada uno de forma detallada antes de reunirse con la comisión que ella preside a fin de emitir una resolución.

“La Comisión de Gobernación es la que tiene que convocarnos, la semana pasada ya tuvimos una reunión y se sacaron cuatro en ese momento y todos se desecharon, eran de alcaldes y una síndica contra el alcalde y viceversa”.

Puso como ejemplo el caso de la solicitud de juicio político contra la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, que los diputados de las comisiones unidades de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales dejaron sin efecto a finales de agosto.

Sobre la necesidad de que los juicios pendientes tengan que enviarse al pleno en un solo paquete, la diputada Mónica Robles Barajas señaló que esto dependerá de cuántos sí procedan.

“No necesariamente tienen que salir todos juntos, yo creo que hay que desechar los que no son viables y salir los que tienen elementos”.

Entre otras peticiones de juicios políticos sobresalen uno contra la presidenta municipal de Rafael Delgado, Isidora Antonio Ramos, promovido por el síndico Julián Cotlami Cocotle, quien acusa a la alcaldesa de corrupción, nepotismo, desvíos y malos manejos de recursos públicos.

Contra la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero destacan uno formulado por el abogado Pablo Martínez Rodríguez, con pruebas aportadas por el representante legal de la asociación civil “Unión de Vendedores Ambulantes y Comerciantes de Veracruz”, Andrés Gómez Ojeda. La acusación contra la edil parte de anomalías en la contratación de publicidad y en la obra pública

Además, diversos ciudadanos pertenecientes al municipio de Huatusco presentaron una denuncia de juicio político en contra de la alcaldesa del PVEM, Baldinucci Tejeda Colorado, así como el síndico de dicho partido, Roberto Schettino Pitol.

Del lado de Acción Nacional, la diputada María Josefina Gamboa Torales promovió juicio contra el secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos por amenazas. Dicha petición permanece sin avances en el Congreso.

El coordinador de los diputados del PAN, Sergio Hernández, denunció a los actuales Secretarios de Educación, Zenyazen Escobar García; Medio Ambiente, María del Rocío Pérez Pérez y Protección Civil, Guadalupe Osorno, por la toma Congreso en octubre de 2018 cuando pertenecían al grupo legislativo de Morena. Entre los actos denunciados por Sergio Hernández destaca el de sedición.