Xalapa, Ver. - Hace 20 años comenzó a generarse la deuda pública de Veracruz, misma que en 4 gobiernos estatales se disparó y a la fecha alcanza los 41 mil 700 millones de pesos. Desde la administración de Miguel Alemán, seguido por Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, se han acusado y denunciado desvíos por cifras multimillonarias.

El nuevo gobierno federal tiene como objetivo revisar las irregularidades generadas en el ejercicio público durante estas últimas dos décadas en Veracruz, reveló la contralora general Leslie Garibo Puga.

En 2009, último año del gobierno de Herrera, la deuda estatal ascendía a 9 mil 331.2 millones de pesos.

Para 2010, con la llegada de Duarte al poder, se disparó a 21 mil 499.9 millones de pesos y hasta 2016, el último de la administración priísta, llegó al monto de 49 mil 192.3 millones de pesos, monto que se ha reducido por sus sucesores.

Con Herrera y Duarte además se generaron deudas con los municipios a partir de la bursatilización a 199 ayuntamientos, de ahí que, sumando esos pasivos, bonos, deudas con financieras, para 2016 el monto de deuda fue de 55 mil 221 millones 43 mil 783.87 pesos, mismo que se ha ido saldando a partir de un proceso de reestructuración.

A la par, tan solo del año 2013 a la fecha, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a cargo de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez han interpuesto 178 denuncias por hechos de un quebranto financiero por 34 mil 757 millones 574 mil 462.28 pesos entre los años 2007 al 2019, además de haber recuperado mil 617 millones de pesos de daño patrimonial en el mismo periodo, lo que implica diversos entes estatales, autónomos y municipales.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación reportó que en los últimos 7 años ha presentado 73 denuncias penales en contra del Gobierno de Veracruz, de las cuales 58 corresponden a las auditorías practicadas a las cuentas públicas de 2006, de 2010 a 2015, y 15 casos más relacionados con la simulación de reintegros.

Según un informe especial de la (ASF) el quebranto financiero solo con el gobierno de Duarte asciende a 61 mil millones entre 2011 a 2016 en Veracruz. Por su parte, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, ha generado observaciones por casi mil millones de pesos que siguen en proceso de solventación.

Bajo este escenario la Secretaría de la Función Pública (SFP), junto con el gobierno del Estado, realizarán una revisión de distintas irregularidades señaladas en dichas administraciones, que van de 1998 al 2018, lo que “será un reto”.

Lo anterior lo confirmó la contralora general del Estado, Leslie Garibo Puga, quien detalló que están trabajando con la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, para revisar las observaciones que no se han aclarado en dichos gobiernos estatales.

La funcionaria estatal explicó que esto es a la par de las observaciones no solventadas por 3 mil 600 millones de pesos hechas a la entidad por la SFP, las cuales fueron reportadas en el Primer Informe de la dependencia federal presentado hace unos días.

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En entrevista Garibo Puga comentó que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, está trabajando con ella para intentar solventar los recursos observados, pues de lo contrario el dinero tendría que ser devuelto a la Tesorería de la Federación (TESOFE), complicando gravemente las finanzas estatales.

“Van a hacer no solamente observaciones de este periodo de gobierno; será de 4 gobiernos anteriores y vamos a tener este reto y lo vamos a cumplir”, declaró la contralora general del Veracruz.

Consideró que en todos esos gobiernos hubo omisiones graves que deben de ser revisadas, debido a que el objetivo primordial es aclarar a los ciudadanos las razones por las que Veracruz está endeudado y ajustado en sus finanzas públicas.

Además, la contralora general del Estado añadió que la Secretaría de Finanzas y Planeación, a cargo de José Luis Lima Franco, también forma parte de las revisiones, puesto que el gobierno federal está en la mejor disposición de apoyar a Veracruz.

“No quieren lastimarlo más de lo que está; pero sí queremos darles cuentas a todos los veracruzanos y transparentar realmente si ya fueron obras cumplidas o no y si los servicios ya fueron llevados a cabo, así como los programas”, declaró Garibo Puga.

Añadió que el reintegro de los 3 mil 600 millones de pesos no sería inmediato ni un hecho, pues para ello es la investigación que se estará realizando durante los próximos meses.

El mayor desastre, con duarte

Veinticuatro meses después de iniciar su gobierno, las evidencias de un desastre financiero inundaban las revisiones a la administración de Javier Duarte de Ochoa.

Apenas en 2012, los reportes indicaban de un incremento de 67,000 por ciento a los adeudos del gobierno en una década: del 2000 a 2011, traducido en 60 mil millones de pesos.

De hecho, el Gobierno de Miguel Alemán Velasco comprometió las participaciones federales del Poder Ejecutivo por un lapso de 30 años para solventar los compromisos del Gobierno.

Al salir, Alemán dejó una deuda de 3 mil 500 millones de pesos, aunque esta, en 2012 se acercó a 22 mil millones de pesos.

En noviembre 2015, asomaba la catástrofe financiera de la administración de Javier Duarte.

De hecho, el entonces Contralor General del Estado, Ricardo García Guzmán, ahora aliado del Partido Acción Nacional y padre de los diputados panistas Rodrigo y Ricardo García Escalante, admitió la imposibilidad de comprobar el gasto de 3 mil 600 millones de pesos de los 5 mil 800 millones de pesos son correspondientes a la Cuenta Pública de 2013.

De acuerdo con el Informe de la Deuda Pública Estatal y Municipal 2016 del Orfis, del Órgano de Fiscalización, el último año de ejercicio de Javier Duarte de Ochoa alcanzó una deuda de 55 mil 221 millones 043 mil 783 pesos.

De esta cantidad, la Deuda Pública a Corto y Largo Plazo representó el mayor porcentaje del monto, con 45 mil 801 millones 725 mil pesos.

Además, durante el último año del priista, el Orfis aplicó observaciones por 4 mil 747 millones 064 mil 850 pesos del Fondo Nacional de Reconstrucción (FONAREC) y por mil 234 millones 499 mil 659 pesos del Fondo de Apoyo para Infraestructura y seguridad (PROFISE).

El mal manejo de las finanzas públicas durante el último año de Javier Duarte acarreó que las calificadoras contratadas por el Gobierno estatal, Fitch Ratings, HR Ratings y Moody´s saturaron de observaciones negativas a la entidad.

En el caso de Fitch, la puntuación fue de BB-(mex), Moody's aportó con una B3.mx y HR con HRBB.

En el citado documento el Orfis advierte que, de los tres créditos autorizados y recibidos en el año 2016 por el Gobierno Estatal, en los meses de enero, febrero y abril, por un monto de un mil 26 millones 863 mil 670 pesos, no existen constancia de su aplicación en inversión pública productiva.

Igual análisis refiere la Auditoría Superior de la Fiscalización (ASF) en el “Informe especial sobre la fiscalización y sus resultados al estado de Veracruz, periodo 2011-2016”, en el sentido que dicho ente aplicó 201 auditorías al gasto federalizado del estado, de las cuales, 79 se aplicaron al gobierno estatal, 110 a los municipios, 10 a universidades y dos más a otros sujetos obligados.

En el citado lapso, correspondiente al Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, las observaciones de la ASF ascendieron a 52 mil 860 millones 872 pesos. A septiembre de 2017, cerca de 38 mil 486 millones 067 mil pesos todavía quedaban pendientes de solventar.

Un año después, tan solo en la cuenta 2016, las revisiones de la ASF ascendieron a 14 mil 113 millones 671 mil pesos.

Lo anterior implicó que la Auditoría Superior de la Federación formulara 45 denuncias de hechos ante la entonces Procuraduría General de la República por 17 mil 778 millones 202 miles de pesos por el lapso de 2011 a 2015.

Sin embargo, medios de comunicación calculan en 61 mil millones de pesos el desfalco de cinco años de gobierno de Javier Duarte. Con tal cantidad, el político ahora preso debía haber trabajado 26 mil años y con esa cantidad, se puede pagar los salarios de los siguientes 47 años, y esta cantidad representa el presupuesto de la desaparecida Procuraduría General de la República durante tres años y medio.

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Juegos de suciedad

La ASF igual auditó las finanzas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, organizados por Javier Duarte de Ochoa, y esta revisión advierte de una devolución de 722 millones de pesos de recursos federales transferidos al Fideicomiso del Comité Organizador. Dicho fideicomiso se extinguió en 2015, sin pagar los adeudos.

En el informe de resultados de la Cuenta Pública 2014, la ASF encontró una responsabilidad administrativa sancionatoria contra el gobierno de Veracruz por “suspender las obras de modernización” del World Trade Center (WTC) de Boca del Río, donde se realizaron las competencias de judo, lucha olímpica, box y taekwondo.

De acuerdo con medios internacionales, la competencia que implicó la asistencia de 31 naciones de las Antillas y América Central, costó 226 millones de dólares, con la promesa de una derrama de 339 millones de dólares en derrama económica a las ciudades sede: Veracruz, Xalapa, Tuxpan y Coatzacoalcos, la cual no se concretó.

Las denuncias de yunes

En el caso de Miguel Ángel Yunes Linares, la Auditoría Superior de la Federación detectó en Veracruz anomalías en el uso de recursos del programa “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” por igual de la SEV como de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

Conforme al Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017 que presentó la Auditoría Superior de la Federación, se revela que la Sefiplan pagó a cuenta y orden de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz recursos por 152 millones 739 mil 600 pesos y le transfirió 2 mil 803 millones 260 mil 400 pesos.

Para tal ejercicio utilizó seis cuentas bancarias productivas, las cuales no fueron específicas, debido a que se mezclaron con recursos de otras fuentes de financiamiento. Asimismo, se generaron rendimientos financieros por 4 millones 121 mil 500 pesos, los cuales fueron transferidos a las cuentas de la SEV; sin embargo, no fue posible su identificación.

El informe revela que la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares desvió más de 124 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Se revela que la secretaría de Educación Pública realizó 5 mil 374 pagos indebidos al Gobierno del Estado de Veracruz por cuenta y orden de la SEV, por 21 millones 302 mil 900 pesos a mil 140 trabajadores, posteriores a la fecha de baja de la dependencia, los cuales contaron con mil 824 plazas en mil 69 centros de trabajo.

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