Xalapa, Ver.- Con un polémico historial a cuestas de errores y desacuerdos, la LXV Legislatura de Veracruz inició el procedimiento para designar al próximo auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para ejercer el cargo por un periodo de siete años, mismo que concluye en 2026.

Dicho puesto es clave para el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, dada la facultad del ente auditor para detectar posibles irregularidades en las cuentas públicas de su sexenio que concluye en 2024.

Además, el actual titular del organismo Lorenzo Antonio Portilla Vásquez busca repetir por un nuevo periodo, luego de revisar las cuentas públicas de las administraciones de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares e iniciar procedimientos administrativos y denuncias penales en contra en contra de quien o quienes resulten responsables.

El Orfis también fiscaliza al Poder Judicial y al Poder Legislativo, además de 212 municipios, organismos autónomos, paramunicipales e incluso la Universidad Veracruzana (UV).

Sin embargo, lo que debería de ser un procedimiento rutinario para renovar cargos públicos se ha convertido en un “talón de Aquiles” por la incapacidad del Congreso del Estado para cumplir con su atribución de designación, o incluso de destitución, de funcionarios de los tres Poderes.

Lo anterior, debido a los obstáculos de convocatorias mal formuladas, la “ciudadanización” de los espacios públicos, la promoción de amparos de terceros interesados o simplemente la falta de consenso entre los parlamentarios.

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El revés judicial

La incapacidad de designar las trece vacantes en igual número de magistraturas del Poder Judicial evidencia el primero de los errores del Congreso del Estado.

Desde junio de 2018, 13 Magistrados del Consejo de la Judicatura abandonaron dicha función debido a su derecho a la jubilación, aunque a la fecha los cargos siguen sin ocuparse y sin interés del Poder Legislativo para dar continuidad al trámite.

El pasado 10 de diciembre de 2018 el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Manuel Pozos Castro, anunciaron de manera conjunta la convocatoria para seleccionar a los nuevos togados, pese a que es atribución directa del Ejecutivo presentar sus propuestas a los legisladores locales.

El procedimiento, actualmente estancado, reunió a finales de 2018 a más de 442 interesados en contender una de las magistraturas y cuyos perfiles los sometió a análisis el Gobernador del Estado.

El 28 de enero, García Jiménez presentó seis propuestas: Adolfo Cortés Veneroso, Esteban Martínez Vázquez, Bertha Inés Chávez Méndez, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández Cadena y Sofía Martínez Huerta. Sin embargo, un primer revés lo propinó un amparo promovido por un ciudadano inconforme con el procedimiento.

Un segundo revés provino de parte del Poder Judicial, luego de que el Magistrado Presidente, Edel Humberto Álvarez Peña, excedió sus atribuciones y nombró a los trece magistrados faltantes.

Ante tal exceso, un amparo derribó dicha resolución personal de Álvarez Peña y expuso al Poder Judicial de incurrir en responsabilidades legales.

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Atrasos en cargos

Aparte de los trece magistrados, el Congreso del Estado acumula una escalada de incapacidad para nombrar funcionarios. Es el caso de la designación de una titular para el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Legislativo.

En este caso, la anterior titular, María Elena García Filobello, renunció en noviembre de 2018 con el inicio de la nueva LXV Legislatura, y por lo anterior, dio inicio un nuevo procedimiento para elegir a la responsable de vigilar las políticas de equidad en el Legislativo.

El cargo quedó depositado de manera interina en la persona de Mónica Mendoza Madrigal, comunicadora vinculada con el ex Secretario de Gobierno y ex diputado federal Erick Lagos Hernández. Esto, en tanto se resuelve el recurso de amparo 177/2019, formulado por Carlos Enrique González Aguirre.

Mendoza Madrigal, participante en el proceso para suceder a García Filobello, recibió el aval para desempeñar el cargo de parte de la mayoría de Morena en la Legislatura.

Un ejemplo más de designaciones sin conclusión es la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos, tras la renuncia de Geiser Manuel Caso Molinari.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo abrió una convocatoria y a esta se inscribieron José Pale García (en ese entonces encargado de despacho), Alejandro Cueto Ortega y David Martínez Sánchez. Los contendientes no reunieron la puntuación necesaria para el cargo y el procedimiento se declaró desierto.

Ante ello, el 8 de julio, el Gobernador designó de manera interina a Brenda Cerón Chagoya, suplente de la diputada local Ana Miriam Férraez Centeno y dueña de una empresa de banquetes.

El nombramiento despertó molestia entre los colectivos y las redes sociales por el perfil insuficiente de Cerón Chagoya para encabezar el ente y establecer vínculos con las familias de personas desaparecidas.

Un ejemplo similar es el del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; colegiado conformado de manera incompleta el pasado 18 de julio.

En este caso la Junta de Coordinación Política (Jucopo) designó a Katya Gabriela Esteva Cruz, Lorena Redondo Delgado, Myriam Lagunes Marín y Alma Delia Hernández Sánchez, de entre los perfiles seleccionados de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Sin embargo, todavía queda por designar a una representante de las Instituciones Académicas y de Investigación.

Por lo anterior, las Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables recibieron la instrucción para formular una convocatoria extraordinaria a efecto de cubrir la vacante.

Otra de las convocatorias con poca respuesta de propuestas es la referente a integrar dos vacantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz (SEA).

La citada convocatoria cerraba inscripciones al doce de julio pasado, sin embargo, la Junta de Coordinación Política amplió el plazo al 31 de agosto.

Los interesados, preferentemente representantes y académicos de la sociedad civil con conocimientos de fiscalización, desempeñarían el cargo por un periodo de tres años, cuya función es el evaluar transparentemente el mejor perfil para conformar el SEA.

Otro de los traspiés del Congreso radica en la destitución de funcionarios: es el caso del fallido juicio político al Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz.

Lo anterior, a pesar de la promoción de dos solicitudes de juicio de procedencia ante la LXV Legislatura, y en estas, se le acusó al procurador de delitos como tortura.

Sin embargo, el trámite no reunió la mayoría calificada requerida, dado que a la bancada del Partido Acción Nacional y su aliado el Partido de la Revolución Democrática, se le sumó la del Partido Revolucionario Institucional y la naciente fracción de “Del lado correcto de la historia”.

La sesión programada para el 5 de febrero de 2019, se movió al 7 de ese mismo mes, misma que finalizó con la insuficiencia de votos en sesión privada y, por consiguiente, la continuidad de Winckler en el ente autónomo.