Xalapa, Ver.- La reestructuración de la deuda propuesta este lunes por el gobernador Cuitláhuac García pretende mejorar las condiciones de los 10 créditos que gestionó su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, para el refinanciamiento de los 38 mil millones de pesos de pasivos que tiene el Estado.

Por segunda vez en menos de dos años, el mandatario en turno ha señalado la urgencia de modificar las condiciones del pago de la deuda, aunque en esta ocasión además se pretende reestructurar la deuda municipal que 199 municipios contrajeron en 2008 durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán por mil 207 millones 999 mil 591 pesos, cuando Javier Duarte fungía como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

A pesar de las advertencias de economistas y ex funcionarios públicos sobre este tipo de procesos que solo benefician a los bancos, a las instituciones gestoras de los refinanciamientos y autoridades en turno, ahora se impulsa este nuevo proceso con la promesa de mejorar las condiciones financieras del gobierno y de los ayuntamientos.

Y es que cuando Duarte fungió como secretario de Finanzas desde el 15 de enero de 2008 al 14 de diciembre de 2008, los ayuntamientos quedaron endeudados con la promesa de poder pagar "cómodamente" recursos que les otorgarían para obra pública mediante la bursatilización; sin embargo, según el registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la fecha el monto de los certificados bursátiles efectuados no ha disminuido un solo peso e incluso se ha incrementado exponencialmente.

De acuerdo con la SHCP a la fecha los 199 municipios adeudan de manera conjunta mil 424 millones 298 mil 978 pesos; es decir que a 11 años el monto original de las emisiones bursátiles en vez de reducirse se ha incrementado en 216 millones 299 mil 387 pesos.

Negocio para inversionistas

En 2008 en total 199 Ayuntamientos se adhirieron para realizar dos emisiones, una por 995 millones 499 mil 584.34 pesos y la segunda por 212 millones 500 mil 6.66 pesos; como parte del Programa de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios que quedó en un monto general de mil 207 millones 999 mil 591 pesos.

Para ello se comprometió el 20 por ciento del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (ISTUV) y el 7.5453 por ciento de las participaciones federales correspondientes a cada uno de los municipios, para después distribuirlos al Fideicomiso emisor para el pago del servicio de la bursatilización, con el que se obtendrían recursos para proyectos de obra pública.

Es decir, los ayuntamientos autorizaron mediante instrucción irrevocable al Ejecutivo la afectación al Fideicomiso emisor de la recaudación del ISTUV que les correspondía para el pago del servicio del financiamiento, esto con el objetivo de generar recursos para obra pública.

A partir del año 2012 en que desapareció el Impuesto Sobre Tenencia y Uso Vehicular Federal comenzaron a utilizarse las participaciones federales, según el procedimiento establecido para el pago de los certificados bursátiles, lo cual redujo los ingresos de libre disposición tanto del Estado como de los municipios.

Para el 31 de diciembre de 2016, según datos de un informe especial del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) sobre la deuda estatal y municipal, ambas emisiones registraban un saldo de mil 367 millones 404 mil 632.91 pesos, el cual en julio de 2019 ya asciende a mil 424 millones 298 mil 978 pesos.

Desde 2016 el ORFIS determinó que era necesario un estudio financiero con el propósito de analizar la conveniencia de una reestructuración de la deuda municipal celebrada en Unidades de Inversión (UDIS), que se cotiza en dólares, para disminuir la obligación financiera a mediano plazo.

Según el organismo fiscalizador las UDIS representaron a los inversionistas la garantía de que su dinero no se viera afectado con el paso del tiempo por el efecto de la inflación, no obstante, han generado que en 11 años los ayuntamientos no hayan reducido su deuda.

“Para el Municipio no ha sido el mejor esquema, ya que su deuda ha ido en incremento por la volatilidad de los precios de las UDIS, situación por la que se ha emitido la recomendación de analizar la posibilidad de una reestructuración”, planteó el ORFIS en su informe especial del 2016.

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Reestructuraciones “son negocios”

Para el académico del Instituto de Investigaciones Económico y Sociales de la Universidad Veracruz (UV), Rafael Arias Hernández, las razones para gestionar una nueva reestructura de la deuda pública de Veracruz es muy clara: un negocio.

Al señalar que la deuda total del estado es incluso mayor a los 100 mil millones de pesos que ha aceptado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, advirtió que ante la poca y vaga información qué hay sobre este proceso los únicos que “saldrán ganadores” serán los bancos, las consultorías y las propias autoridades.

“El negocio es bancario porque los bancos nunca pierden y de los que promueven y gestionan la deuda que son las consultorías y los funcionarios. Es hora que de que se piense con más responsabilidad y se vea que hay otras alternativas”.

Además, el economista cuestionó en qué se utilizará esta nueva deuda, ya que para él la modificación de las condiciones del pago debe ser para mejorar la inversión del estado en otros rubros como obra pública, lo cual no ha ocurrido en el pasado, ya que la liquidez obtenida se usa para el pago del llamado gasto corriente.

“Para qué es, para qué se destina. Desde el principio se ha violado la Constitución porque desde el principio debió estar destinado a obras públicas, a inversión pública y vean lo que está sucediendo, la deuda se está utilizando para gasto público”.

En ese sentido desechó la idea del Secretario de Finanzas y Planeación del actual gobierno, José Luis Lima Franco, en el sentido de que la reestructura propuesta por el Ejecutivo morenista no significa más deuda, pues dijo que la deuda aumenta cuando aumentan los plazos, las tasas de interés y los gastos, no obstante, será hasta este martes 23 de julio que se den los detalles del proyecto de Cuitláhuac García.

Advirtió que de seguir por el camino del endeudamiento se condena a las nuevas generaciones a lo que denomina “esclavismo financiero” que significa nacer con deudas adquiridas en el pasado.

“Todos tenemos que asumir una responsabilidad, no puede generarse lo que denomino esclavismo financiero, que es endeudar a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando todavía no nacen. En este momento las generaciones están endeudadas y eso se oculta, como en la pasada administración, que ajustaron plazas y tasas de interés a niveles prohibitivos. Es muy fácil patear el bote y echarle toda la responsabilidad a las futuras generaciones, pero no es correcto porque la deuda nos alcanza”.

Arias Hernández insistió en que durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares “la reestructuración fue un negocio que favoreció a los bancos y liberó un mínimo de recursos”.

Por ello dijo que si el actual mandatario quiere transparentar la realidad de la economía veracruzana tienen que dar a conocer las corridas financieras y demostrar que este nuevo proceso es más barato.

“No se sabe del resto de los endeudamientos, como laudos, la sentencia de la Suprema, lo que se le debe a proveedores que siguen protestando, etcétera. Hay un problema muy serio que afecta las finanzas, la administración, pero no hemos tenido como ciudadanos y como sociedad la suficiente fuerza para exigir la información al respecto y nos hemos confundido”.

Reestructuración en vacaciones y en “fast-track”.

Para el académico del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Veracruzana (UV), Hilario Barcelata, la sola reestructuración de la deuda implica nuevamente endeudar las finanzas del Estado y, por consiguiente, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez rompería la promesa de campaña de no contratar más préstamos.

De hecho, opinó que desde diciembre de 2018 el Ejecutivo faltó a su palabra de no comprometer las finanzas públicas de Veracruz con más deuda, esto cuando el gobierno de la Cuarta Transformación adquirió un crédito quirografario por 3 mil millones de pesos y ahora incluso pretende hacer uso de las buenas calificaciones crediticias que heredó del gobierno anterior.

“Me parece enredado y propagandístico porque se parte del hecho de considerar que se pueden obtener mejores condiciones bancarias por el buen desempeño financiero del Gobierno del Estado y reconocido por las calificadoras, pero la buena calificación es del buen manejo financiero de la administración anterior”, opinó.

Destacó que, en el proceso anterior, el Gobierno de Yunes Linares consiguió un ahorro de 2 mil millones de pesos y por lo anterior recalcó que el éxito de la nueva refinanciación depende proporcionalmente a los ahorros conseguidos en el futuro.

“Falta saber cómo se va a manejar la tasa de interés porque al momento desconocemos porque en la reestructuración anterior se consiguió una reducción de las tasas bastantes considerables y fue un ahorro de intereses de la deuda de 2 mil millones de pesos”.

No obstante, reconoció que es preferible que sea un banco o una institución crediticia paguen la bursatilización mediante un nuevo crédito, principalmente por las garantías de transparencia.

“Una bursatilización bien operada es una operación sana y puede traer recursos a bajo costo, pero la que hubo fue bastante oscura y poco transparente y es sano que se cambie porque va a dar mayor transparencia”.

“Pero va a traer la contratación de un pasivo adicional que va a sustituir al pasivo que se encuentra la deuda en certificados bursátiles”.

Finalmente lamentó que el Gobierno solicite dicha reestructuración a mitad de las vacaciones, cuando los ciudadanos en general disfrutan de sus días de asueto.

“La fecha que lleva esta iniciativa al Congreso del Estado es importante, estamos en vacaciones, los analistas de vacaciones, y la sociedad está en otra cosa y no se vale que el gobierno actúe de esta manera”.

“Y además todo indica que se va a aprobar de manera inmediata, en un tiempo récord y la próxima semana lo tendrá autorizado, no es propio de un gobierno que quiera hacer las cosas bien, pareciera que se quiera cubrir y tapar todo eso y hace sospechar de la viabilidad del proyecto y cuando hay algo así es porque hay algo oculto”, proyectó.

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Reestructuración de Yunes Linares

De acuerdo con el ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, la reestructuración que implementó a la deuda estatal por 38 mil millones de pesos involucró a las instituciones financieras BANOBRAS, SANTANDER, MONEX, BANORTE, MULTIVA e INTERACCIONES, las cuales ganaron los concursos para cumplir con el pago de la deuda pública del Estado que ascendía a unos 45 mil millones de pesos.

Concretamente, BANOBRAS ganó 2 créditos con una tasa efectiva de 8.35 por ciento a plazos de 20 y 25 años, por montos de 4 mil y 5 mil 200 millones de pesos, respectivamente.

Además, BANOBRAS también otorgó otros dos créditos por 4 mil millones de pesos cada uno a plazos de 30 y 25 años, con una tasa efectiva de 8.89 y 8.94 por ciento.

Por su parte, SANTANDER concedió dos créditos, uno por 4 mil millones de pesos a 20 años con una tasa efectiva de 8.58 por ciento, así como otro crédito también a 20 años por 6 mil millones de pesos, con una tasa efectiva de 7.78 por ciento.

MONEX igualmente participará con un nuevo crédito a 15 años por mil millones de pesos por 8.70 por ciento de tasa efectiva, así como BANORTE con un crédito a 20 años por 4 mil 54 millones 634 mil 86 pesos, con una tasa de 8.78 por ciento.

Finalmente, MULTIVA dio al Estado un crédito a 25 años por 5 mil millones de pesos, con una tasa de interés efectiva de 8.94 por ciento, e Interacciones un crédito a 20 años por 745 millones de pesos, con una tasa efectiva de interés de 9.08 por ciento.

De esta manera dichos financiamientos generan un promedio ponderado de 8.71 por ciento de tasa efectiva de interés y un plazo ponderado de 23 años, por el monto total de 37 millones 999 mil 634.86 pesos para el refinanciamiento de la deuda pública de Veracruz, términos que serían modificados por García Jiménez en la actual administración.