Xalapa, Ver.- Dos años después de que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitiera la Alerta de Violencia de Género para Veracruz, la Fiscalía General de Veracruz encabezada por Jorge Winckler Ortiz, inició la integración de una Unidad a la que llamó “de Análisis y Contexto”, solicitada desde 2016 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

El 23 de noviembre de 2016, la Segob emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado de Veracruz; dicho documento consta de al menos cinco apartados en los que se exigen medidas de seguridad, de prevención, de justicia y reparación, para visibilizar de la violencia de género y mensaje de cero tolerancia.

Es precisamente en el apartado de Justicia y Reparación, donde la Conavim solicita la creación de una unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación y proceso de los delitos de género que se denuncien.

“La efectividad en el cumplimiento de esta medida, se encuentra plenamente relacionada al fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado (...) a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios periciales (…) Para ello, se deberá crear una Unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación y proceso de los delitos de género que se enuncien. Se sugiere crear la unidad de Contexto para la investigación de feminicidios que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad”.

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Ese "fortalecimiento" del que se habla en el documento, también señala que debe realizarse particularmente en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual contra la Familia, Niñas y Niños y Trata de Personas, que permaneció acéfala entre 2017 y 2018; aunado a ello, la fiscal regional de Pánuco en la materia, Yendi Guadalupe Torres, fue asesinada, y días antes, sus colegas en otros municipios, despedidas. 

Jorge Winckler anunció el pasado martes 5 de enero la creación de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de Veracruz, y se vanaglorió de encabezar la segunda Fiscalía a nivel nacional que cuenta con esta área.

“Veracruz tiene dos alertas de violencia, y dentro de los compromisos que adquirió la Fiscalía, es dentro de algunos de ellos, crear nuestra unidad de Análisis y Contexto. Ya se inició, tuvimos nuestra primera sesión y estamos en vías de aprobación de los perfiles que se requerirán para integrarla (…) muchas personas que se requieren para analizar un dictamen multidisciplinario que se necesita para darle mayor sustento a una investigación de feminicidio, y sobre todo para dar sustento en los programas preventivos que se quieren hacer en este tema”.

Añadió que este equipo ayudará a través de estos análisis, a la creación e implementación de acciones, planes y programas para prevención.

Sin embargo, la unidad se crea 26 meses después de la emisión de la declaratoria, y 25 meses desde que Jorge Winckler fue nombrado por el Congreso de Veracruz como Fiscal General, en sustitución de Luis Ángel Bravo Contreras, preso en el penal de Pacho Viejo por desaparición forzada de personas.

Durante esos dos años y dos meses, en Veracruz fueron asesinadas más de 400 mujeres; en 2018, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 87 veracruzanas fueron víctimas de feminicidio, y la entidad cerró el año como la segunda a nivel nacional por este delito, debajo del Estado de México, que reportó 106.

También en 2018 ayuntamientos como Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Tuxpan -incluidos en la declaratoria-, San Andrés Tuxtla y Tierra Blanca, aparecieron en la lista de los100 primeros municipios con presuntos delitos de feminicidio.

Además, al menos 50 mujeres fueron víctimas de secuestro, y en este delito específicamente contra mujeres, Veracruz cerró como primer lugar nacional.

En 2017, de acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, 176 mujeres fueron víctimas de feminicidio, y 91 de homicidio doloso.

Activistas, académicas y sociedad organizada, demandaron durante estos más de dos años a la Fiscalía General y al Gobierno de Veracruz, cumplir puntualmente con las recomendaciones de Conavim expuestas en la declaratoria, especialmente, por lo que consideraron como falta de información respecto a las cifras reales sobre asesinatos de mujeres.

La Alerta de Violencia de Género, solicita “integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia de Género contra las Mujeres (Banesvim). Esta medida deberá permitir, en un plazo razonable, monitorear, las tendencias de la violencia contra las mujeres, realizar estadísticas y diagnósticos periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de la violencia, y en consecuencia, instrumentar políticas púbicas efectivas”.

Este banco, hasta octubre 1 de 2018, estaba en ceros, según reconoció Yolanda Olivares Pérez, directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

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“Un registro oficial no hay y hay que reconocerlo, pero el Instituto es responsable de administrar el banco de datos de vivencias y feminicidio, pero de alimentarlo son varias instituciones; el DIF, Salud, Seguridad Pública, y la Fiscalía”, reconoció en ese momento.

Tres días después, la abogada Esmeralda Lecxiur Ferrerira hizo un último exhorto a la Fiscalía de Veracruz y al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares para clarificar las cifras de casos de violencia contra las mujeres; ello, en el contexto de los asesinatos de Diana Thais –caso en el que se señaló a la Fiscalía de Veracruz por ocultar que el presunto feminicida era miembro activo de las fuerzas armadas- y de Josselin, en el puerto de Veracruz.

“Lo que se exige es que se clarifiquen las cifras. El estado tiene la obligación de decirle a la sociedad que está pasando algo, que hay una violencia recrudecida y las cifras oficiales de las personas desaparecidas”.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2019, la Fiscalía de Veracruz estableció conferencias de prensa semanales, en las que, después de dos años al frente del organismo, Winckler Ortiz presenta informes de trabajo donde, entre otros temas, lleva un conteo puntual sobre las mujeres asesinadas en la entidad, desde el 1 de diciembre de 2018.

Por el contrario, durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, Winckler Ortiz fue señalado por ocultar cifras relacionadas con feminicidios, y citó a declarar a académicos de la Universidad Veracruzana por exponer cifras que fueron documentadas como parte de proyectos académicos sobre delitos como la privación de la libertad.

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero recibió un citatorio para presentarse a declarar sobre el feminicidio de la joven Magaly Hernández, en la capital veracruzana, tras declarar que en la zona había conocimiento de un presunto feminicida que operaba en el Santuario de las Garzas, donde en 2011 fue hallado también el cuerpo de Gabriela Benítez Ybarra, desaparecida y asesinada.

“O el Fiscal se equivocó o ya no sé cuál sea la intención del citatorio", recriminó Rodríguez Herrero, y argumentó que dicha declaración estuvo basada en una nota de junio de 2015 que un vecino le hizo llegar mediante un mensaje de WhatsApp.

"La nota ya es de dominio público, entonces ¿por qué me citan a declarar? Que revisen los periódicos", y aclaró que fue citado como imputado, y no como testigo.

Casi dos meses más tarde, tocó el turno a Rosío Córdova, académica que formó parte del proyecto "UV como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz”; informó que como resultado de unas 2500 entrevistas con la comunidad universitaria: estudiantes, personal académico y administrativo (que es apenas el 30 por ciento del muestro cualitativo) se concluyó que en las cinco regiones de la UV los alumnos son víctimas de secuestros, violaciones, extorsiones y robos.

No había terminado su intervención, cuando recibió el citatorio para declarar sobre su exposición de datos.

Aunado a ello, el Fiscal de Veracruz también ha sido criticado por bloquear en su cuenta de Twitter a activistas y madres de desaparecidos que han denunciado la omisión de la Fiscalía en la investigación de sus casos y la consignación de los ocurridos durante el bienio yunista.

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