Xalapa, Ver. – La administración de Javier Duarte de Ochoa y los funcionarios a su cargo desviaron más de 155 mil millones de pesos, lo que generó más de 350 denuncias penales tanto en la Fiscalía General del Estado (FGE), como en la Procuraduría General de la República (PGR).

Al comparecer ante diputados locales, como parte de la glosa del II Informe de Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el Contralor General, Ramón Tomás Figuerola Piñera, detalló que el área a su cargo presentó 198 denuncias penales, por el presunto desvío de más de 100 mil 502 millones de pesos.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió un total de 72 carpetas de investigación por un monto de 26 mil 198 millones de pesos, de ese total 4 mil 770 millones de pesos corresponde a simulación de reintegros, es decir, se engañó a la Tesorería federal de que se les regresaban fondos, que después regresaban a cuentas estatales.

En el caso del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) integró 86 expedientes por el pago a empresas fantasma; desvío de créditos contratados con la banca privada; el pago irregular a medios de comunicación; y fondos que se tomaron de la reserva del Instituto de Pensiones del Estado, por 28 mil 364 millones de pesos.

Los dos órganos de fiscalización presentaron en total 158 denuncias, por un monto de 54 mil 565 millones de pesos, “además de los 100 mil que han presentado las dependencias de la administración pública.

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“Algunos montos no son sumables, están involucradas prácticamente todas las dependencias (…) la de mayor monto fue la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), con 47 denuncias por 74 mil millones de pesos, porque ahí es donde entra y salen los recursos federales”, argumentó ante la pregunta de la panista María Josefina Gamboa.

En el caso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) se acreditó el desvío de mil 688 millones de pesos; en la Secretaría de Salud el monto observado fue de 3 mil 269 millones de pesos.

En su mensaje, hizo patente la queja de que a la llegada del gobierno de coalición encontraron un “caos” administrativo; y aclaró que presentaron las denuncias para deslindarse de cualquier responsabilidad.

El funcionario Yunista, indicó que no tiene conocimiento si se inició un proceso de inhabilitación contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador, y evitó conformar sobre otros exduartistas, con el argumento que se debe guardar secrecía de los casos.

Yunes reconoce el 25 por ciento de deudas que exigen empresarios

La Contraloría General apoyó a la Secretaría de Finanzas y Planeación para actualizar los adeudos de la administración anterior, y depurar el padrón de empresarios que exigían un pago heredado de la pasada administración.

“Lo primero que había que hacer es ver si era cierto que se habían realizado esos trabajos. El proceso es: se registran en la Sefiplan, se pasa a la ejecutora, la dependencia revisa, si hace falta documentos se le piden. La Contraloría participa en todo el proceso en la supervisión”, detalló en su participación.

Lo más difícil de comprobar fueron las obras de Infraestructura y Obra Pública, en la que se debía verificar si la obra estaba concluida, se revisaron contratos, facturas, y se verificó el motivo en el retraso del pago.

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A ese respecto, se concluyó que de los más de 40 mil millones que se denunciaron como posible deuda con el sector empresarial, se dieron 4 mil 560 registros de mil 219 proveedores y contratistas, por un presunto pasivo de 2 mil 600 millones de pesos.

Ante el amague del gobernador, Miguel Ángel Yunes, quien anunció denuncias penales a quienes quisieran timar al Estado, el número de empresarios que exigían un pago, se redujo.

“Ya se aprobaron 400 millones, confiamos que el monto va a quedar en 500 millones que son pasivos que tiene sustento, algunos consideramos que no son procedentes, pero es cuestión que lo revise la próxima administración (…) no estaba contemplado en el presupuesto por lo que se tendrá que buscar de dónde se paga”, aclaró.

Somos gente decente en la Contraloría

Al referirse a la denuncia pública de casos de extorsión, en el que vinculan al director del área de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, encabezada por Pedro José Vargas Zarrabal, explicó que ya se inició la investigación, se va a quedar abierta para que la próxima administración determine lo procedente.

“El área de Fiscalización interna inició una investigación, nos sorprendió porque se ha actuado con mayor transparencia, somos gente decente.  Si alguien hizo algo malo será sancionado, yo soy de la idea de que, quien la hace la paga (…) hasta el momento hay dichos y hay notas”.

Por medio de correos anónimos, al menos cuatro funcionarios de diferentes dependencias del Gobierno del Estado notificaron al comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), de presuntos actos de extorsión en su contra.

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Supuestos funcionarios de la Contraloría habrían usado información oficial, de personal al que se le siguen procesos administrativos, para exigir recursos económicos y hasta autos de agencia, a cambio de evitar su inhabilitación de la función pública, se denunció el pasado 28 de octubre.

A ese respecto, el Contralor insistió: “No le vamos a dar carpetazo, pero no podemos sancionar a alguien que no es responsable, está abierta la investigación”, reiteró.