Con 70 votos a favor, 47 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con la cual se extingue la Procuraduría General de la República(PGR) para dar paso a un nuevo órgano de procuración de justicia autónomo.

Tras tres horas de posicionamientos de los grupos parlamentarios, y de posturas a favor y en contra, finalmente el bloque que integran Morena-PT-PES permitieron la aprobación de este nuevo ordenamiento que había estado pendiente durante cuatro años.

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La aprobación de este ordenamiento significa concluir con el proceso de transición de la Procuraduría General de la República (PGR), a la nueva Fiscalía (FGR) que será un órgano de procuración de justicia autónomo, tal y como se mandató en la reforma político electoral aprobada por el Congreso en diciembre de 2013.

El proyecto, que sigue bajo discusión ahora en lo particular con diversas reservas del PAN, PRI, PRD y MC, define aspectos como la organización, integración y función de la Fiscalía General de la República, así como de otros organismos que dependerán de esta.

Se determinó que las principales funciones de la FGR son: investigar y perseguir delitos, ejercer acción penal, procurar la reparación del daño a las víctimas de delitos, adoptar medidas de protección a favor de las víctimas y testigos, intervenir en el proceso de ejecución penal, intervenir en acciones de extradición y en acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.

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La FGR a su vez contará con nuevas fiscalías especializadas en materia de Derechos Humanos, Delitos Electorales, Combate a la Corrupción y Asuntos Internos. Además contará con unidades especializadas y con un Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

El dictamen aprobado en lo general establece la creación de un Consejo Ciudadano, un órgano de carácter honorífico que estará integrado por cinco ciudadanos expertos en temas de procuración de justicia.

Las facultades de este órgano ciudadano serán: emitir recomendaciones públicas al titular de la Fiscalía General de la República, denunciar ante el Órgano Interno de Control probables responsabilidades administrativas y opinar sobre la normatividad interna de la Fiscalía General de la República.

Además se le otorga la facultad al presidente de la república de remover al titular de la FGR, quién será electo por el Senado, por incurrir en alguna de las dos causas que se consideran graves: incumplir de manera reiterada con los fines institucionales; y participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos y a la Constitución.

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Es este último tema el punto central de la controversia entre los distintos grupos parlamentarios. PAN, PRI y PRD se han reservado e artículo que aluda a esta facultad por considerar que termina con la oportunidad de lograr una Fiscalía verdaderamente autónoma e independiente al Ejecutivo Federal.