Xalapa, Ver.-El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos exigió que autoridades federales inicien una investigación formal en el asesinato de Eduardo Baltazar, hijo del periodista veracruzano Cecilio Baltazar, así como salvaguardar al comunicador y a su familia.

Mediante un comunicado consideraron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR y el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, deben de intervenir en este caso.

Asimismo, requirieron que se investigue a fondo a los oficiales responsables del asesinato y que se agoten todas las líneas de investigación a los funcionarios estatales a cargo del caso de Eduardo Baltazar.

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Luego de que el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, relacionó a Eduardo Baltazar con la delincuencia, el colectivo exigió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga “frente a la criminalización que ejerce el Gobierno del estado de Veracruz”.

“Urge que el Estado mexicano intervenga en estos casos, y que deje de utilizar el nombre y caso de un solo periodista asesinado para tratar de distraer a la opinión pública, a fin de que no atienda otros casos igual de graves que ocurren”.

En ese sentido, la organización que preside Claudia Martínez Sánchez también exigió que se investigue a profundidad los asesinatos de los defensores de Derechos Humanos y activistas ejecutados en Orizaba Jaime Méndez y Guadalupe Sosa.

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Refirieron que Eduardo Baltazar fue ejecutado con diez disparos en el pecho por elementos de la policía del estado de Veracruz, de ahí que repudian la rueda de prensa del Gobernador del estado que hace referencia al hijo del periodista en el sentido de que fue abatido al participar en un hecho delictivo.

“Cabe recordar que el asesinato del hijo de un periodista no se trata de un delito ‘cualquiera’. Matar al hijo de un periodista en un estado violento contra el periodismo, es aún más grave; se atenta en contra del libre ejercicio periodístico e inhibe el desempeño colectivo de los periodistas”.

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