Xalapa, Ver.- María del Rosario "N", exdirectora de Investigaciones Ministeriales, vinculada a proceso por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas en su modalidad de ocultamiento, permanecerá recluida en el penal de Pacho Viejo.

Así lo determinó -este sábado 29 de septiembre- la Jueza Alma Almeida Sosa Jiménez. Al revisar el amparo 396/2018 del juez federal del Juzgado Décimo Quinto de Distrito con residencia en Xalapa, determinó cambiar las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva necesaria.

La decisión de la juez se basó en el hecho de que la sentencia no ordenó la libertad inmediata de la exfuncionaria de la Fiscalía General, por lo que simplemente varió la medida cautelar, para no poner en riesgo a los testigos del proceso penal 103/2018.

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Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado entregó nuevas pruebas de caso,  y se argumentó que testigos, de quienes se reservó la identidad, han sido intimidados y acosados a través de llamadas telefónicas y en sus lugares de trabajo.

Al considerar que estaba en riesgo su integridad, la juez decidió que la detenida debería permanecer en el reclusorio por un año.

La defensa intentó que la autoridad desechara dichas pruebas al considerarlas extemporáneas y alegando que la sentencia del juez ordenaba dejar insubsistente la parte relativa a la audiencia inicial del 27 de abril, pero Sosa Jiménez las admitió;  la detenida pasó de la sala de juicios orales a su celda.

La madrugada del 27 de abril, fue detenida María del Rosario “N”, exdirectora de Investigaciones Ministeriales acusada por el delito de desaparición forzada. A la exfuncionaria se le responsabiliza de ordenar la desaparición de 12 cadáveres hallados en 2016 en la barranca La Aurora, a un costado de la Academia de Policía de Veracruz.

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Fue un elemento de confianza del exfiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras (también preso en Pacho Viejo por el mismo delito); asumió el cargo de directora de Investigaciones Ministeriales el 01 de marzo de 2014 y renunció el 12 de diciembre de 2016.

La exservidora pública, fue objeto de señalamientos de familiares de desaparecidos por entorpecer las diligencias de búsquedas en vida, así como el rastreo de restos en fosas clandestinas y de encubrir en casos polémicos a su superior, Luis Ángel Bravo Contreras

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