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SEA necesita 17 mdp para iniciar funciones “de manera muy limitada”

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Se requieren más de 100 millones de pesos para el funcionamiento del SEA; para los últimos 5 meses de este año solicitarán 17

Xalapa, Ver. - Para los meses que restan del año, el recién conformado Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) solicita 17 millones de pesos, ello para iniciar operaciones “de una manera muy limitada”, mencionó el presidente del Comité de Participación Ciudadana de dicho sistema, Sergio Vázquez Jiménez.

Ahondó que para el funcionamiento del SEA se necesita un monto superior a 100 millones de pesos, pues además de que se requieren al menos 50 empleados, también se demanda equipo de cómputo, renta de oficinas entre otras cosas.

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“No es un presupuesto de los ciudadanos sino del Sistema Estatal Anticorrupción; y en la negociación de presupuesto para el siguiente año estaremos mejorando las condiciones”, dijo.

Asimismo, informó que el trabajo a realizar durante el primer año es de vinculación con la ciudadanía, hecho que necesita un gran esfuerzo “con tecnología y requiere recursos” toda vez que pretenden llegar a los 8 millones de personas que hay en el estado.

Señaló que la retribución que obtendrá por su desempeño estará alrededor de los 60 mil pesos mensuales, ello conforme a los tabuladores.

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Por otro lado, Indicó que la primera reunión de dicho comité fue realizada el día de su instalación. Participaron los integrantes del mismo: el Fiscal Anticorrupción, el Contralor, el Órgano de Fiscalización, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa, quienes designaron al secretario técnico.

La reforma que se realizó a la Constitución de Veracruz con el fin de crear el SEA entró en vigor desde el 2 de noviembre de 2017; sin embargo, el nombramiento del Fiscal en la materia se dio hasta el 24 de julio del año corriente.

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Lo anterior entre críticas, pues la designación del titular Marcos Even Torres Zamudio, se dio con apenas 27 de los 32 votos necesarios, hecho que fue calificado como una imposición por parte del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares y los legisladores panistas.