Xalapa, Ver. -  Funcionarios públicos que sirvieron a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), en la pasada administración, podrían contraer acusaciones penales por conducta irregular o ilícita en los recursos públicos ejercidos y recaudados en 2016.

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Los diputados de las LXIV legislatura de Veracruz aprobaron el Informe Complementario de la Extensión a la Auditoría se la Legalidad de la UPAV correspondiente al 2016.

De esta manera solicitaron al Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, que se inicie la fase para determinar responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones.

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La fase consiste en notificar y recibir documentación de los servidores y ex servidores que podrían ser los responsables “que presumiblemente, afectaron a la hacienda estatal; así como promover las demás acciones de responsabilidad que deriven ante las autoridades correspondientes, principalmente de carácter penal”.

Con ello, el ORFIS deberá notificar lo anterior al ente fiscalizable y a la Contraloría General del Estado, quien, por instrucción de los diputados, deberá dar seguimiento a las observaciones de legalidad que le sean notificadas por el ORFIS.

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A más tardar el 30 de septiembre del año corriente, la Contraloría deberá notificar al Congreso Local, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia y al ORFIS, sobre el inicio de los procedimientos emprendidos, así como el número de expediente que le corresponda.

El ORFIS y la Contraloría, deberán presentar un informe pormenorizado de la determinación de responsabilidades y aplicación de sanciones administrativas notificadas, en un plazo que no exceda el 31 de diciembre de este año.