Xalapa, Ver. – La aprobación de modificaciones a la ley del Instituto de Pensiones del Estado confrontó al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y a la presidenta de la Comisión Especial Para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Congreso local, Daniela Griego quien le ofreció dialogo “de igual a igual” para analizar los cambios.

El mandatario desacreditó la propuesta, aclaró que nunca se les involucró en el análisis y la redacción del borrador.

El PAN intentó frenar la iniciativa, la saco del orden del día  pero la presión de los diputados de Morena, y la asistencia de líderes sindicales al recinto legislativo, los obligó a incorporarlo como el último tema a analizar este jueves, pese al rechazo de Yunes Linares.

Minutos antes de la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación, Sergio Hernández, aseguró que el dictamen no se votaría, pues había algunos observaciones técnicas, se tenían que solventar antes de presentarla al Pleno.

Después de una encerrona, que encabezó Griego Ceballos con todos los coordinadores de las fracciones legislativas, se “acordó” que el tema si entraba al orden del día, y se lograron los 42 votos, total de diputados presentes en la sesión ordinaria.

En entrevista, al inicio de la sesión, la legisladora de Morena aclaró que si se votaría el dictamen y reconoció que se había retirado por “falta de comunicación” entre los diputados de la Junta de Coordinación.

La diputada electa,  asumió el papel de coordinadora al menos durante la sesión, pues varios diputados desfilaron por su curul para aclarar algunas dudas.

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Yunes anuncia veto a la ley

Previo a su votación, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, adelantó que regresaría la ley con algunas observaciones, sobre todo a la obligación de apoyar con el pago de pensiones y jubilaciones.

“Yo soy respetuoso de la autonomía del Congreso, podrá tomar la decisión que considere procedente en este tema, pero me parece muy delicado para las finanzas públicas de Veracruz el que se pueda aprobar una reforma a la Ley del IPE sin que se haga un estudio actuarial, sin hacer un estudio de como importaría al Instituto de Pensiones, a las propias finanzas públicas del Gobierno del Estado”, afirmó frente a los representantes de los medios de comunicación en el marco de la inauguración de la exposición “Interpretaciones Formales” en la Galeria de Arte Contemporáneo de la Xalapa.

Comisión aclara que si se calculó el impacto económico de la Ley

Ante esa postura, la presidenta de la comisión especial para Atender y Resolver la Problemática del Instituto de Pensiones, Daniela Griego, lamentó que el Ejecutivo anunciara un posible veto, sin conocer la ley

En reiteradas ocasiones se pidió la participación de funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y del titular del Instituto de Pensiones del Estado, Hilario Barcelata, quienes nunca se presentaron, ni respondieron a la invitación, recordó la legisladora.

“Ojalá ese interés lo hubieran mostrado hace algunos meses y la voluntad política de realmente sacar adelante al IPE. Nosotros lo hemos demostrado”, opinó en entrevista al concluir la sesión ordinaria en la que se aprobaron las modificaciones.

La legisladora de Morena ofreció diálogo respetuoso, “de igual a igual” para exponer al Ejecutivo el trabajo que se hizo, y plantear el estudio actuarial que da sustento a la propuesta que recibió el respaldo de todos los diputados locales.

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Los cambios planteados

La ley plantea crear una estructura organizacional responsable de vigilar el correcto manejo de la reserva técnica del Institiuto de Pensiones, plantea un Consejo Financiero, un Comité de Transparencia y fortalecer al Comité de Vigilancia, además, incrementa el número de integrantes del Consejo de Dirección, en el que se incluye a un representante de jubilados.

La ley no modifica el porcentaje en la aportación de los trabajadores, ni aumenta los años para jubilarse, y abre la posibilidad de otorgar créditos hipotecarios a los derechohabientes.

Cuanto un trabajador se pensione por invalidez, será el Seguro Social el que emita el certificado para acceder al pago, y si el trabajador se recupera y no es restituido a su puesto laboral, el patrón se hará cargo del pago de la pensión.

Se establece el pago de 16 mil pesos por gastos funerarios y un apoyo adicional de 2 mil 600 pesos para los familiares derechohabientes de quien fallece. Se establece la Unidades de Medida y Actualización para el pago de dichas prestaciones.

En lo que respecta a los préstamos a corto y mediano plazo, se incluye el requisito de presentar un aval. Además se establece que la tasa de interés será la misma que prevalezca en el mercado; actualmente el cobro de interés no puede superar 50 por ciento de lo que se paga a un banco.

El IPE abre la posibilidad de otorgar préstamos hipotecarios, ya sea para financiar la compra de una vivienda, la compra de un terreno, construcción, reparación o ampliación o mejora de su propiedad, o para liquidar algún crédito bancario.

Se propone cambiar la integración del Comité Directivo de 13 a 15 miembros, se reduce el número de funcionarios de gobierno, se incluye a un representante del Poder Legislativo y líderes sindicales, y se da espacio a un representante de pensionados y jubilados.

Para que los representantes sindicales no se queden de manera vitalicia, se establece que durarán en el cargo tres años, lo mismo que los representantes del Poder Legislativo. En el caso del Poder Ejecutivo será por seis años.

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Se plantean como nuevas atribuciones del Consejo Directivo dar informes al gobernador y a los integrantes del Congreso de cómo se mejora la administración del IPE, y las adecuaciones a las prestaciones con base a las recomendaciones actuariales. Y todas las decisiones se tendrán que dar en coordinación con el Comité Financiero.

Se rendirá un informe anual sobre el financiamiento y el patrimonio del IPE, las finanzas y los fondos, realizará un estudio actuarial para conocer la situación del instituto. Información que deberá ser pública en su portal.

Al incorporar nuevos artículos, se plantea cómo funcionará el Comité Financiero, que podrá definir las políticas de inversión y operación de los recursos del instituto. Se integrará por siete funcionarios, representantes de sindicatos, diputados y un gerente, que será nombrado por el Consejo Directivo.

El Comité de Vigilancia se completaría por 13 personas, cuatro de ellos funcionarios de gobierno del estado, el resto son representantes sindicales, un diputado, y jubilados y pensionados. Para lograr la inclusión de más sindicatos no serán los mismos con representación en el Comité Directivo y su nombramiento será por tres años, su elección será aleatoria.

En el artículo 98, en el que se obliga al estado a programar cada año, el presupuesto necesario para atender el déficit presupuestal para el pago de pensiones.