Xalapa, Ver. - La abogada de Gabriel Martínez Godos, quien fue encarcelado por la matanza -que no cometió- en el antro Madame, en Xalapa, acusó que la Fiscalía de Veracruz no ha informado si hubo castigo para los policías que detuvieron y torturaron al joven de 22 años de edad.

La defensora de Gabriel Martínez, Magda Zayas Muñoz, recordó que bajo la titularidad de Jorge Winckler Ortiz, la FGE aceptó la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acerca de los actos de tortura que cometieron los elementos ministeriales contra su cliente.

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El 21 de mayo de 2016, un comando armado arremetió en Madame, antro gay ubicado en la capital del estado, y abrió fuego contra los clientes del lugar.

Seis días después, el entonces fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, presentó ante los medios de comunicación a uno de los presuntos responsables: Gabriel Martínez Godos, quien estuvo preso en el penal de Pacho Viejo durante dos años.

El pasado 11 de julio fue absuelto por la Jueza de Proceso y Procedimiento Penal, Alma Aleida Sosa Jiménez, ya que la FGE no presentó pruebas que confirmaran su culpabilidad.

De esta manera, la FGE tiene la responsabilidad de dar conocimiento a la CEDH “de si ya fueron castigados los policías aprehensores y qué medidas ha implementado para que estos hechos no se repitan”, pues señaló que, al momento de la captura, los policías ministeriales “incurrieron en prácticas de tortura y degradantes a los derechos humanos”; sin embargo, la instancia no ha informado al respecto.

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Por otro lado, mencionó que procederán por la vía civil y penal para buscar la reparación del daño causado a Martínez Godos, toda vez que fue expuesto públicamente en 2016 por el entonces fiscal, Luis Ángel N –hoy preso en Pacho Viejo por desaparición forzada-.

De esta manera, presentará una demanda por daño moral, en la cual solicitarán que la sentencia absolutoria tome carácter público, asimismo, requerirán que los medios de comunicación – en los espacios que fue señalado como responsable de la masacre- difundan el sentido de la resolución de la jueza, quien determinó la liberación porque la FGE carecía de las pruebas necesarias para señalar a Gabriel Martínez culpable.

Por su parte, la denuncia señalará abuso de autoridad y pedirá que se garanticen medidas de no repetición, pues “no es posible que la FGE detenga o aprehenda ‘chivos expiatorios’ y no investigue”, dijo la abogada, y añadió que la detención se realizó para “calmar los ánimos por los reclamos sociales”.

Además, informó que el joven recibirá ayuda psicológica, pues, aunque se le ve “contento y feliz”, no se siente preparado para enfrentarse a los medios de comunicación.

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