Los procuradores y fiscales de todo el país se pronunciaron en contra de la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por considerar que el organismo excede sus atribuciones y "vulnera el principio de Supremacía Constitucional".

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Los encargados de la procuración de justicia en toda la República mencionaron durante la 39 Asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que el Tribunal no tiene esas facultades, pues la Constitución establece que esas atribuciones le pertenecen al Ministerio Público.

"Para que un órgano ejerza funciones es necesario que así lo disponga el texto constitucional y las leyes emanadas de ella" señala un comunicado de la CNPJ.

Por su parte, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, fiscal general del Edomex, dijo en conferencia de prensa que "hubo un exceso del Tribunal Colegiado en la resolución que toma, no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una comisión de justicia y la verdad", y será la Procuraduría General de la República (PGR) quien determine si existe o no todavía un recurso.

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Como ha quedado señalado en el pronunciamiento, hay una afectación a todo el orden constitucional, el planteamiento que se está haciendo es que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien otorga facultades al ministerio público de manera exclusiva para la investigación y persecución de delitos", agregó el fiscal.

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¿De qué trata la resolución del Tribunal Colegiado?

A finales del mes de mayo de este año, el Tribunal resolvió que la investigación que realizó la PGR en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014, no fue independiente, ni pronta, ni efectiva, ni imparcial por lo que determinó que hay indicios para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de los inculpados, fueron obtenidas mediante tortura, por lo que pidió reponer el procedimiento y brindar seguridad a los quejosos.

Por lo anterior, los magistrados determinaron la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.

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