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En tiempo electoral, Yunes “licua” recursos y no paga a pensionados, acusan

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En 2017 Yunes Linares dijo que aportaría 2 mil millones de pesos anuales al IPE; ayer pensionados interpusieron queja por falta de pago

Xalapa, Ver. – La “licuadora” de recursos públicos funciona durante el periodo electoral, por eso hay incumplimiento del gobierno de Yunes Linares en el pago del retroactivo para los trabajadores en proceso de jubilación, y de la retribución correspondiente a quienes ya dejaron de prestar sus servicios, aseguró Adriana Chávez Tejada.

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La presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), responsabilizó sobre este hecho a la Secretaría de Finanzas Y Planeación, a cargo de Guillermo Moreno Chazzarini, donde señaló que se concentra el dinero que le corresponde al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE).

Hace casi un año, en agosto de 2017, Miguel Ángel Yunes Linares, advirtió que su gobierno no pagaría al IPE el desfalco que le dejó la administración de Javier Duarte de Ochoa– 6 mil millones de pesos-; sin embargo, dijo que entregaría al IPE 2 mil millones de pesos anuales, mismos que servirían para cubrir el pago de pensiones.  

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El pasado martes 12 de junio, la diputada Daniela Griego Ceballos, acusó que el IPE adeuda al menos 200 millones de pesos del retroactivo a trabajadores en proceso de jubilarse, ello a pesar de que el congreso local aprobó un presupuesto para cubrir dicho déficit; y añadió, que ha buscado a los titulares de esta dependencia y de la Secretaría de Finanzas (SEFIPLAN); sin embargo, no han dado solución al problema.

Sobre el mismo tema, el día de ayer, miércoles 13 de junio, la presidenta de la COPIPEV y ocho ex jueces, acudieron a interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues señalaron que, ante la problemática, el titular del IPE aseveró que no hay dinero.

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Sobre este caso, Adriana Chávez Tejada, indicó que los ocho ex jueces tuvieron que retirarse de su cargo a raíz de la reforma que establece los 65 años como edad límite para ejercer esta función, misma que fue aprobada por el congreso local.

Acerca de la deuda de los 200 millones de pesos, Chávez Tejada señaló que la SEFIPLAN no suelta el recurso, situación que genera sospecha pues “en estas épocas se agudizan los problemas, en estas épocas el dinero desaparece (…), la licuadora sigue, claro que sigue”, dijo.