Xalapa, Ver.- Hace dos años que “María”, indígena totonaca y su familia esperan justicia, pero en su lugar, a lo largo de los meses han recibido burlas, intentos de coacción y dilación de las autoridades.

El 28 de octubre del 2015, María fue violada por un hombre de su comunidad en Los Manantiales en Mecatlán, cuando su abuela acudió a realizar la denuncia, el Subagente Municipal de la comunidad, “comenzó a reírse mucho” y sólo levantó un acta y le pidió que acudiera posteriormente “para arreglar el asunto”.

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Al día siguiente, María de 16 años y su padre se presentaron el ayuntamiento para pedir ayuda para que los trasladaran a la Fiscalía Especializada de Papantla, entonces fueron trasladados en una patrulla de la policía, en el mismo vehículo iban su agresor y el padre del mismo, además del Subagente Municipal y dos policías.

En el relato, cuenta que a la salida del pueblo, el vehículo se desvió hacia el campo deportivo, ahí los esperaba un abogado del agresor, quien junto con los policías intentaron negociar la prisión.

El violador entonces le pidió María no denunciarlo: “No me mandes a Papantla, me van a matar y comenzó a llorar; me ofreció dinero y me dijo que me compraría un solar”.

La joven relató que los policías y el abogado le pidieron negociar “Los policías me dijeron: cásate con él, cásate para no tener más problemas”.

Por más de una hora la joven y su padre estuvieron retenidos por la autoridad quien trató de convencerlos de aceptar dinero, terrenos e incluso el casamiento, pero ellos se negaron contundentemente.

Al llegar a la Fiscalía de Papantla, el agresor y su padre se quedaron en la patrulla, nunca bajaron para comparecer por los hechos.

Más de nueve horas estuvieron en la Fiscalía compareciendo y relataron los hechos en español, y no en s lengua como era su derecho, cuando salieron de ahí, María relata que se enteró que su agresor estaba libre y en una comunidad vecina. “ No he podido regresar a mi comunidad, se que el está ahí, toma mucho y puede haber agresión”, cuenta.

La familia interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para denunciar la conducta grave del alcalde, y los policías municipales.

Por estos hechos, se emitió la recomendación 19/2016, donde se reconocieron las graves violaciones a los derechos fundamentales de María, fincó sanciones al ayuntamiento y a la Fiscalía General de Estado (FGE), entonces ordenó al ayuntamiento la reparación de daño, y la sanción a los elementos policiacos implicados, pero nada pasó.

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La recomendación señala que hubo una indebida actuación en la integración de una investigación ministerial, omisión en la protección de la víctima e injerencias arbitrarias contra la integridad psíquica de la víctima, pues los oficiales actuaron negligentemente al obstaculizar que el probable responsable compareciera ante la Fiscalía Especializada de Papantla y quedara libre.

La recomendación emitida exigió que le fuera pagada una indemnización justa y proporcional, a manera de compensación, por los daños y perjuicios ocasionados a María.

También se pidió la atención médica y psicológica necesaria, especializada y gratuita, a la menor.

Aunque la Fiscalía General del Estado aceptó las recomendaciones, el alcalde de Mecatlán, Gerónimo Luis Hernández, se negó a aceptar su responsabilidad.

El padre de la joven interpuso recurso de impugnación contra esa negativa ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que fue recibido por esta Comisión Nacional bajo el número de expediente CNDH/2/2016/541/RI. Ver recomendación nacional

Después de casi dos años tras los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ratificó la recomendación este lunes 25 de diciembre.

La CNDH pide al Ayuntamiento de Mecatlán reparar integralmente el daño a la joven, mediante atención médica, psicológica, social e indemnización correspondiente; inscribir a la agraviada y a su padre en el Registro Estatal de Víctimas para que accedan en lo conducente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado.

Además de implementar en favor de ambos las garantías de protección a su seguridad personal, en tanto se materializa y cumple la orden de aprehensión contra el presunto responsable.

“Colaborar con la CNDH en la denuncia penal que realice contra los dos policías municipales y en la queja ante ese Ayuntamiento contra el Síndico Municipal por las probables responsabilidades administrativas en que incurrió”.

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Avc

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