La LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen de la Ley de Responsabilidades Administrativas que impulsa mayores niveles de eficiencia, eficacia y productividad de los entes públicos estatales, así como la armonización de esquemas y mecanismos utilizados por la Federación.

Se prevé establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos e implantar las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.

Esta ley define las sanciones por la comisión de faltas de particulares; determina los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas y crea las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio.

Esta nueva ley incorpora como falta administrativa grave la simulación de reintegros por parte de servidores públicos.

Las sanciones económicas que se impongan por la comisión de faltas administrativas graves y faltas de particulares, tendrán el carácter de créditos fiscales, serán ejecutadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado o la dependencia encargada de las finanzas públicas de los Ayuntamientos, según corresponda, en términos de las disposiciones financieras aplicables.

En un plazo de no mayor a 60 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, deberán expedir las disposiciones jurídicas y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, de conformidad con lo previsto  en la presente Ley.

Esta ley fue aprobada con 33 votos a favor de diputados de los grupos legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD y Juntos por Veracruz, así como del diputado de Nueva Alianza.