Xalapa, Ver.- En Veracruz hay 70 mil hectáreas entre Actopan y Alto Lucero entregadas a empresas mineras mediante concesiones, alertó el integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (Lavida), Emilio Rodríguez Almazán.

En muchos de estos casos, explicó que la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (encargada de otorgar las concesiones) ha entregado concesiones  duplicadas, pues un solo terreno ha sido concesionado en dos ocasiones a dos empresas diferentes.

[relativa1]

Durante su participación en el Coloquio en Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Veracruz, añadió que las irregularidades son tan evidentes que informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha iniciado investigaciones sobre estas concesiones.

"Es irrisorio que en la acción misma de otorgar las concesiones hay una serie de irregularidades que han sido auditadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que le ha dicho a la Secretaría de Economía que a través de la Dirección General de Minas, ni siquiera han hecho el trabajo bien, ya que han entregado concesiones sobre concesiones".

En general, dijo que según reportes del Gobierno federal el 3 por ciento del territorio veracruzano está concesionado a empresas mineras y que los sitios en donde se ubican son de alta importancia hídrica, como la cuenca del río Bobos, en la zona costera lagunar del Golfo de México y en Los Tuxtlas.

La integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Ximena Ramos, explicó que del total, al menos 18 mil 923 hectáreas fueron entregadas a la empresa Candelaria Minning Group, a través de 12 concesiones.

Señaló que la empresa Candelaria Minning Group tiene las concesiones en el polígono que abarca a los municipios de Alto Lucero y Actopan, pero que no se tiene mayor información porque ha presentado sus solicitudes para actividades de exploración de manera fragmentada.

Dijo que esto es evidente y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene la obligación de no entregar los permisos para explotación, ya que el objetivo de la empresa canadiense con este método es ocultar el tamaño real del impacto ecológico, social y humano en esta zona.

"Este proyecto estaba fragmentado, vimos cómo presentaron el proyecto en 2011 y 2012 que era para Actopan y Alto Lucero y este año se presentó solo para La Paila, y esto se hace para que las empresas puedan pasar sus proyectos por partes y no se vean los verdaderos impactos ambientales acumulativos y sinérgicos".

Añadió que hace dos semanas la empresa presentó a la Semarnat un informe preventivo en el que se detalló que iniciarán trabajos de exploración en Bandera norte y Highway North, que se ubican también dentro del polígono de los dos municipios antes mencionados.

[relativa2]

"Se está fragmentando por actividades, se empieza por la exploración en Bandera Norte y Highway North y se empieza con la explotación en La Paila".

Por su parte, Rodríguez Almazán detalló que la actividad minera en Veracruz debe ser tratado como un tema de seguridad nacional, especialmente en el proyecto de Caballo Blanco por su cercanía con la Central Nucleoléctrica de Laguna Verde, la presencia de líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además porque atraviesa la carretera federal 180 y la presencia de cinco ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"En todo el país no hay minas tan cercanas a una costa (...) estos proyectos favorecen sólo a un puñado de personas que se hacen cada vez más ricos con las prebendas que dan".

Dijo que este proyecto pone en riesgo el desplazamiento de dos comunidades en Alto Lucero (La Mancha y El Llano), y consideró que la empresa canadiense continuará en su búsqueda de permiso para explotar minerales como oro y cobre, dado que tiene inferidos 6 mil millones de dólares tan solo en el cerro de La Paila.

Por ello, exigió a las autoridades estatales y a los diputados locales que modifiquen e impulse la reforma a leyes en la materia, aunque reconoció que la empresa "compra conciencias" para avanzar en sus proyectos.

"Los intereses son fuertes, son 6 mil millones de dólares los que ellos tienen inferidos tan solo en ese cerro; hay cañonazos que llegan alto y por eso la empresa tenía la certeza de que con (Enrique) Peña Nieto iban a tener la autorización (...) en Veracruz no tienen la licencia social para operar, no son bienvenidos y vamos a utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance para demostrar el despojo que estamos viviendo y que sí es posible contener estos proyectos".

En ese sentido, manifestó que la consulta ciudadana es la oportunidad que la población tiene para demostrar su rechazo contra este tipo de actividades.

"Se está a favor de la consulta, pero ésta ni siquiera debería existir porque se trata de un proyecto que más que beneficio traerá daños al ecosistema".

Avc

[relativa3]