La LXIV Legislatura de Veracruz recibió del Ejecutivo del Estado la iniciativa con proyecto de Ley de Responsabilidades Administrativas con la que se pretende impulsar mayores niveles de eficiencia, eficacia y productividad de los entes públicos estatales, así como la armonización de esquemas y mecanismos utilizados por la Federación.

Durante la cuarta sesión ordinaria, fue turnada a comisiones esta propuesta que prevé establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos e implantar las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.

Del mismo modo, define las sanciones por la comisión de faltas de particulares; determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas y crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio.

En la exposición de motivos se enfatiza que debido a que la Auditoría Superior de la Federación detectó una simulación de reintegros de las Cuentas Públicas 2011-2014 en Veracruz, se hace necesario incorporar en la ley esto como falta administrativa grave que además representa un daño al patrimonio de los veracruzanos.

A través del establecimiento de esfuerzos coordinados entre los entes públicos estales, se logrará avanzar hacia un sistema estatal que genere una mayor confianza del ciudadano en sus instituciones y en la gestión pública, asegurando la construcción del desarrollo del Estado y el bienestar de todos los veracruzanos, refiere la iniciativa.

La iniciativa con proyecto de Ley de Responsabilidades Administrativas para Veracruz atiende el Pronunciamiento emitido el día 3 de julio de 2017 por el Comité  Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para todo el País.

La propuesta fue enviada para su estudio y análisis a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.