Xalapa, Ver.- La mayoría de los diputados locales aprobaron concesionar la construcción de las 17 ciudades judiciales, con lo que se triplicará el costo de los proyectos y el Estado fungirá como aval del Poder Judicial.

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A lo largo de 25 años el Poder Judicial pagará más de 4 mil millones de pesos, y la IP sólo invertirá mil 300 millones de pesos para la construcción de juzgados, salas de juicios orales, centros de mediación y de convivencia familiar, central de actuarios, oficialía de partes común, defensoría de oficio, auditorios y estancias infantiles.

La construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento se dará en los municipios de: Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca.

Según lo que aprobó la Cámara el monto total de las obligaciones en las que se podrá incurrir con motivo de la celebración de los contratos de asociación público-privada, considerados en su conjunto, ascenderá a la cantidad de hasta 3 mil 965 millones 173 mil 500 pesos, más impuesto al valor agregado, por lo que el monto supera los 4 mil 28 millones de pesos.

El monto mensual de las obligaciones en las que se podrá incurrir con motivo de los contratos de asociación público-privada, considerados en su conjunto, ascenderá a la cantidad de hasta 13 millones 217 mil 245 pesos, más IVA, mismos que incluyen el componente de inversión pública productiva del presupuesto del poder judicial.

El plazo máximo autorizado para cada uno de los contratos de asociación público-privada será de hasta 300 meses contados a partir de la fecha de conclusión de las obras del contrato respectivo, es decir, 25 años.

Los recursos deberán ser destinados a inversiones públicas productivas, así como servicios en el entendido que en el componente de pago se incluirá la inversión pública productiva realizada.

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La fuente primaria de pago de las obligaciones derivadas de los contratos de asociación público- privada serán las partidas autorizadas al Poder Judicial en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, sin perjuicio de que, para cada contrato, se podrá instrumentar una garantía y/o fuente alterna de pago.

El monto máximo total de las garantías de pago oportuno o créditos contingentes y revolventes que, en su caso, se contraten para instrumentar las garantías o fuentes alternas de pago de los contratos de asociación público – privada, considerados en su conjunto, no podrá exceder del equivalente a tres veces el monto mensual pactado en los contratos de asociación público - privadas. Y será el Congreso responsable de aprobar

Los recursos deberán ser destinados a servir como garantía o fuente alterna de pago de las obligaciones derivadas de cada contrato de asociación público – privada que el Poder Judicial del Estado celebre al amparo de la autorización prevista en el artículo anterior, por lo que serán destinados a in- versiones públicas productivas.

Los diputados panistas, perredistas, el verde ecologista y el del Panal, autorizaron al PJE, la asignación presupuestaria multianual bajo la modalidad de proyecto de asociación público – privada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de construcción de las ciudades judiciales, en el entendido que, en los ejercicios fiscales subsecuentes durante los cuales continúen vigentes los contratos, el Congreso Local deberá aprobar las asignaciones presupuestales suficientes para cumplir con el pago de las contraprestaciones pactadas en los contratos.

Por último, le deberá informar al Congreso, una vez realizado el o los procesos competitivos, el nombre de la empresa o empresas con las que celebrará el o los contratos para realizar el proyecto de asociación público-privada para la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las 17 ciudades judiciales.

Avc

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