Xalapa, Ver.- Al menos diez mil millones de pesos se destinan a actos de corrupción en Veracruz, lo anterior, de acuerdo al cálculo que hace el Banco Mundial sobre el costo de la corrupción.

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La comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García Álvarez, recordó que el Banco Nacional de México reporta que diez de cada 100 pesos del Producto Interno Bruto (PIB) se destinan para fomentar actos fuera del marco de la ley.

En ese sentido, dijo que si se toma en cuenta que en Veracruz se ejercen 101 mil 988 714 mil pesos, es mucho el dinero que se desvía.

Dijo que lo más grave de la corrupción es que nadie se cuestiona cuánto dinero se gasta, en ese sentido, explicó que según datos del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) la corrupción tiene un costo anual de 14 mil millones de pesos, lo anterior ante más de 200 millones de actos de corrupción que se realizan en doce meses.

En el caso del INEGI, dijo, reportan que el costo de la corrupción es de 347 mil millones de pesos anuales.

“El Banco Mundial ha dicho que el costo de la corrupción fluctua entre el nueve y el diez por ciento, es decir, de cada 100 pesos de riqueza que generamos en nuestra economía diez se destinan a la corrupción”.

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Al ejemplificar el caso de Veracruz detallo: “Este año a Veracruz le corresponde un presupuesto de 101 mil millones 988 mil pesos 714 mil pesos la verdad es que si a esto le sacamos el diez por ciento que se va a la corrupción, con ese diez por ciento podríamos hacer maravillas”.

Si nosotros detuviéramos la corrupción y el dinero que se usara para obras y acciones, se podrían obtener más logros en beneficio de la gente que más lo necesita.

El derecho a la transparencia y accesos a la información es una herramienta para que la ciudadanía exhiba el problema de corrupción que persiste en Veracruz y México.

Aseguró que en todos los países hay altos niveles de corrupción, pero el problema en México es el índice de impunidad que persiste.

Mencionó que desde la creación del derecho de acceso a la información, que permite a la ciudadanía preguntar a las instancias de gobierno, abre la posibilidad de que se haga un periodismo de datos.

En su participación en el Foro de Corrupción y Transparencia del 2017, dijo que desde el 2002 se obligó a través de solicitudes de información se puede tener datos y estadísticas que se socializan, a través de artículos de opinión, con los que exhiben a las autoridades.

Recordó que se han impreso libros de temas que han generado polémica entre los sectores de la población, y el escándalo más reciente fue la Estafa Maestra que se difundió en medios de comunicación.

Explicó que los periodistas lograron conocer, a través de 517 solicitudes de información a diversas instancias, y al procesar los datos descubren que a través de contratos se desviaron 3 mil 433 millones de más de 7 mil millones que fueron asignados a dependencias y universidades públicas.

“Lo que duele es que universidades públicas y privadas participen de ese tipo de actos de corrupción al subcontratar a otras empresas, en el margen de la ley, y hay muchos millones de pesos perdidos en una triangulación de recursos en contrataciones y subcontrataciones y eso pone en la mesa de cómo los ciudadano y los medios pueden exhibir la corrupción”.

Consideró que la obligación a la transparencia y el derecho de accesos a la información “son una herramienta” para que la ciudadanía exhiba el problema de corrupción, pero para se debe trabajar aún más para permear a la ciudadanía.

Avc

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