- Congreso
Se castigaría con prisión a los servidores públicos que rindan informes erróneos
El diputado Sergio Rodríguez Cortés presentó la iniciativa que reforma al artículo 320 del Código Penal para el Estado de Veracruz imponiendo de tres a diez años de prisión, multas de hasta quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA) y la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en la administración pública estatal al servidor público de cualquier nivel que rinda informes falsos en las comparecencias.
La iniciativa prevé establecer que se impondrán de tres a diez años de prisión, multa de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización de multa, y la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en la administración pública estatal, al servidor público de cualquier nivel que al comparecer ante el Congreso del Estado, rinda informes falsos, falte a la verdad en sus declaraciones, incumpla en proporcionar los informes, datos o documentos relevantes relacionados con el desempeño de su encargo, requeridos en sus comparecencias ante esta Soberanía o sus comisiones, y obstaculice las acciones de transparencia de la información a las que está obligado por ley.
El legislador del Grupo “Juntos por Veracruz” expuso que durante mucho tiempo en las comparecencias que se llevan a cabo en el Poder Legislativo los secretarios de despacho han presentado información errónea e incompleta sobre el tema de rendición de cuentas por lo que es necesario tipificar la figura jurídica que frene la omisión de información y obstaculice las acciones de transparencia.
En tal virtud el legislador propone actualizar el primer párrafo y adicionar la fracción III del artículo 320 del Código Penal del Estado, ya que actualmente sólo se castiga al servidor público que tenga conocimiento o posibilidad de lesionar el patrimonio de los poderes públicos, o en su caso evite el daño si está dentro de sus facultades y si al concluir su empleo, cargo o comisión no entrega la información que estaba bajo su responsabilidad.
“Es necesario aprobar esta medida para encuadrar en una figura jurídica a los infractores que pretendan acudir a este Congreso del Estado, a mentir a los veracruzanos, a burlarse de las necesidades y carencias de la sociedad”, advirtió.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su desahogo y análisis.
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