Con el fin de eliminar las prácticas de corrupción que durante años se han presentado al interior de los servicios auxiliares de seguridad vial, infracciones y sanciones de la Dirección de Tránsito y Vialidad del estado, el diputado Sebastián Reyes Arellano presentó una iniciativa para regular su funcionamiento.

A nombre del GLPAN, se propuso reformar los artículos 112 y 159 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz que obligarían a las empresas de grúas que prestan su servicio al estado, a colocar cámaras de video en las unidades de arrastre con el fin de garantizar la integridad de los vehículos levantados y evitar actos de corrupción de parte de los operadores.

De igual forma exime de cubrir el costo de maniobra y arrastre realizado por la grúa oficial, y el costo derivado de la pensión en el depósito vehicular, a los conductores que no resulten responsables por la comisión de alguna infracción a la Ley o su reglamento.

Con la iniciativa presentada, quedará prohibido que el costo del arrastre del vehículo resulte mayor al costo de la multa impuesta, evitando así que se cometan sobornos o cualquier tipo de acuerdo financiero que violente la Ley.

 El legislador recordó que la población tiene una percepción negativa en relación a los agentes de tránsito y autoridades viales de la entidad, incluyendo a los operadores de los servicios auxiliares, a los que califican como corruptos.

A eso se suma que la Ley no regula los costos que imponen las empresas de grúas, muchas veces exorbitante, mayor a las multas aplicadas por la Dirección de Tránsito y Vialidad, y casi imposible de pagar para algunas familias veracruzanas.

Las empresas concesionadas abusan de su poder y utilizan la extorsión a los ciudadanos como una fuente ilícita de ingresos, incluso mantienen estrategias de arrastre de vehículos los fines de semana para incrementar los montos por servicio de depósito vehicular, dijo el diputado.

Sebastián Reyes hizo un llamado para que todos los grupos legislativos aprueben estas medidas que implicarían un beneficio directo a la economía y seguridad de los ciudadanos, así como una estrategia para eliminar la corrupción de los servicios auxiliares de tránsito.

“El problema de la desconfianza en la seguridad vial de nuestra Entidad es un asunto que como legisladores debemos atender, máxime cuando el ciudadano está siendo sujeto a ciertas arbitrariedades por parte de las autoridades, en las que se supone debería de prevalecer la honestidad, por ello debemos erradicar la corrupción que impera dentro del sistema de tránsito”, concluyó.