Xalapa, Ver.- Al cumplirse dos semanas del ataque al Jefe de Información de la Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta Granados, y 24 días del homicidio del columnista Ricardo Monlui Cabrera, la Comisión Estatal para Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) solicita a la Fiscalía General de Veracruz  dar avances en las investigaciones.

Asimismo, ante el reclamo de periodistas y sociedad, exhorta al Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, a refrendar su real compromiso de lograr justicia mediante la resolución de los casos pendientes radicados ante su jurisdicción, con acciones concretas, entre ellas,  la firma de un convenio interinstitucional que fortalezca las medidas de prevención y protección a periodistas, la investigación de los delitos en los que son víctimas comunicadores y la creación de mesas de trabajo conjuntas con víctimas, ofendidos, autoridades investigadoras y representantes de la institución.

La CEAPP, en el marco de sus obligaciones legales y atendiendo el reclamo de 60 periodistas veracruzanos a través de una carta abierta, así como de manifestaciones ocurridas en  diferentes ciudades del Estado en días pasados, hace un llamado al Fiscal General a fortalecer las labores de investigación para abatir los índices de impunidad que se han convertido en el mejor incentivo para nuevas y sistemáticas agresiones a comunicadores en Veracruz como las mencionadas, a las que hay que añadir las lesiones causadas al periodista Israel Hernández, el 24 de marzo, en Veracruz y los daños por impactos de bala en el domicilio de la periodista Guadalupe Fuentes Barco, perpetrados el pasado 4 de abril en Orizaba.

La Relatoría Especial Sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU ha sostenido en su informe de 2009, que “la impunidad que caracteriza los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales  en  México  alienta  de  manera  perversa  la  reproducción  de  este  tipo  de crímenes”. Es por eso que la CEAPP expresa que se mantendrá vigilante y hará lo conducente por las vías legales e institucionales, para que las autoridades correspondientes en el ámbito de la seguridad y justicia restablezcan las condiciones básicas para el pleno ejercicio de la actividad periodística en Veracruz. 

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