Xalapa, Ver.- Veracruz ocupa el séptimo lugar en agresiones a defensores de los derechos humanos ambientales, después de Sonora, el Estado de México, Oaxaca, Puebla, Colima y Campeche.

De acuerdo al tercer informe anual del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), de julio 2015 a junio 2016 , de los 63 casos registrados por la organización, se identificó que los ataques y las agresiones se cometieron en 18 de los 32 estados de la República mexicana.

Los estados en los que se registraron el mayor número de ataques son el Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca con 6 casos; Puebla con 5 casos; Colima y Campeche con 4 casos; Veracruz y Chiapas con 3 casos; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2 casos; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con sólo un caso.

De los 63 casos identificados de julio de 2015 a junio de 2016 se ubicaron datos específicos sobre el estado donde ocurrieron; el tipo de víctima, de agresor, de recurso natural afectado y el tipo de proyecto de desarrollo e infraestructura.

Debido al contexto actual de violencia e impunidad, las personas defensoras no denuncian ante las autoridades, las organizaciones y los medios de comunicación, por lo que esta cifra puede variar y ser incluso ser superior.

Amenazan o asesinan

Emilio Rodríguez, ambientalista e integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), señaló que en Veracruz se han registrado hasta muertes de compañeros que buscan defender los derechos humanos ambientales.

Como ocurrió en Amatlán de los Reyes, el 2 de agosto del 2013. Noé Salomón Vázquez Ortiz fue asesinado a pedradas cuando recolectaba flores y semillas que pretendían ser ocupadas en una ofrenda.

La ofrenda se pretendía realizar el 3 de agosto, en el décimo Encuentro Nacional del Movimiento en Contra de las Presas y en Defensa de los Ríos, donde reúne a más de 500 ambientalistas de diferentes regiones del país.

“Defiende los derechos humanos como veracruzanos, como campesinos e indígenas, es sumamente preocupante por los proyectos para la entidad. Amenazan por mensajes de texto, con persecuciones, con asesinatos como en Amatlán con el compañero Noé Vázquez”, exclamó Emilio Rodríguez.

El ambientalista integrante de LAVIDA infirió que el Gobierno Federal y Estatal promueven la inversión de proyectos privados, de los considerados en áreas naturales que causarán severos daños ambientales.

La autoridad omite las repercusiones y afectar los derechos humanos. El gobierno prioriza las inversiones con tal de ganar inversiones, partida de las ganancias y procesos.

“Es preocupante la posición que están tomando las autoridades, sobre todo a nivel federal de la Secretaría de Energía, de Economía, el Órgano Ambiental para materia energética donde califican como terrorista la defensa de los derechos humanos que llevan las comunidades campesinas, lo dicen así porque lesionan intereses de la inversión privada”.

Las agresiones e intimidaciones no sólo se concentran en ambientalistas, también en comunidades y pueblos indígenas.

El municipio de Jalcomulco, ubicado en la zona central del estado, kilómetros más arriba de Amatlán de los Reyes, sus habitantes se organizaron para evitar la construcción de una hidroeléctrica.

El Río Los Pescados, es anhelado por la empresa Odebrecht, un conglomerado brasileño vinculado en su país natal en proceso de corrupción.

Los pobladores se contraponen a lo planeado por esta empresa, el aparato judicial se ha encargado de criminalizar a los ejidatarios y campesinos.

“Esto es una vergüenza porque las empresas que defiende gobierno están señaladas como corruptas en otros países, como violadoras de derechos humanos y eso altamente preocupante. No obstante, seguimos haciendo nuestra labor”.

A la fecha, la amenaza de lesionar derechos humanos ambientales causó que los pobladores se organizaran para acampar, evitar que maquinaria pesada modificara el cauce del río y diera pie a la construcción de una hidroeléctrica.

El pasado 20 de enero, los “Centinelas del Río”, como se autonombraron los defensores en Jalcomulco, cumplieron tres años consecutivos de mantener el campamento en lucha contra el proyecto.

La tercera agresión a los activistas de Medio Ambiente ocurrió en el municipio Mecayapan, en el mes de agosto, donde una víctima sufrió privación ilegal de la libertad por un agresor no identificado. El megaproyecto al que se opone es por contaminación.

Avc