Xalapa, Ver.-  Desde su creación en 2008, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular), ha ejercido recursos federales millonarios por más de 23 mil millones de pesos, sin embargo al menos el 30 por ciento,  7 mil 713 millones fueron observados por mal manejo o retenidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

De acuerdo a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de todo el daño patrimonial del 2009 al 2014,  581 millones de pesos corresponden a recursos aplicados incorrectamente, y  7 mil 132  millones de pesos  a recursos que llegaron a  Sefiplan y no fueron trasferidos al Seguro Popular,  por lo que se desconoce su uso y destino. 

Por estos hechos la Auditoría Superior de la Federación, ha presentado entre 2015- 2016, siete denuncias, por recursos de la cuenta pública 2012 y 2013, que suman montos por aclarar de más de 3 mil millones de pesos.

Pero el desvío de recursos no es algo nuevo en el Seguro Popular, desde su creación ha sido calificado con seis dictámenes negativos en el uso de recursos y uno con salvedad de parte de la ASF.

La misma ASF ha solicitado a la Contraloría General del Estado, al menos 133 observaciones entre aclaraciones, sanciones disciplinarias y administrativas en contra ex funcionarios estatales por violentar la norma y desviar de recursos, sin embargo a la fecha solamente Leonel Bustos, quien fuera director del Seguro Popular por ocho años, durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, se encuentra en prisión preventiva, acusado de desviar 2 mil 300 millones de pesos.

Historias de corrupción

El Seguro Popular se creó oficialmente el 6 de febrero en 2008, y ocho meses después fue creado el reglamento, su primer director desde entonces fue Leonel Bustos ( nombrado el 28 de febrero del 2008) , quien anteriormente había sido además de miembro del PRI y hasta febrero del 2008, Director de Atención de Médica de la Secretaría de Salud.

A su llegada durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, el titular de la Secretaría de Salud era Manuel Lila de Arce, en tanto que el Secretario de Finanzas y Planeación era Mauricio Audirac, ahora está inhabilitado por la Contraloría General del Estado.

En 2009, el gobierno federal transfirió 3 mil millones 257 mil pesos a Sefiplan, pero esta no transfirió al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), recursos por 725 millones de pesos.

Desde el inicio se observó que la Sefiplan abrió una cuenta bancaria que había utilizado desde el ejercicio 2007 y el   Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Veracruz abrió una cuenta bancaria que utiliza desde el ejercicio 2008; y transfiere parte de estos recursos a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) en la cuenta bancaria que ha utilizado desde el ejercicio 1998 para gastos de operación. Sin embargo dichas cuentas no son específicas, y se manejan ingresos de otras fuentes de financiamiento.

Para el 2010, la federación transfirió recursos por 3 mil 136 millones de pesos, de los cuales la ASF determinó recuperaciones por 1 mil 051 millones de pesos, de los cuales 399 millones de pesos fueron operadas y 652 millones correspondieron a recuperaciones probables<br />

En la auditoría a la cuenta pública, la ASF advierte que el dinero se mezcló con recursos de otras fuentes de financiamiento y al 31 de diciembre del 2010, se habían ejercido solo 1 mil 619 millones de pesos, y faltaba de entregar el 48% del fondo, sumando 1 mil 517 millones de pesos.

Para el 2011, se transfirieron recursos por 3 mil 800 millones de pesos, de los cuales 1 mil 527 millones pesos no fueron transferidos al fondo, además se detectó la utilización de seis cuentas bancarias para la operación de los recursos del Seguro Popular. “Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2010”, señala la auditoría.

De acuerdo a esa observación, la Contraloría General del estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el expediente núm. 103/2012, con lo que se solventó lo observado, sin embargo los siguientes años el daño fue en aumento.

A partir de este año se detectó que el dinero del seguro popular era utilizado para el pago de aportaciones patronales en los conceptos del ISSSTE, FOVISSSTE, cuotas para seguro para el retiro, seguridad social contractual, SAR, salud, cesantía y edad avanzada, solidaria de ahorro y seguro de responsabilidad, conceptos no pactados en los convenios.

Adicionalmente no se enviaron ni publicaron  los informes trimestrales de la compra de servicios a prestadores privados; los semestrales de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; y los mensuales del avance del ejercicio de los recursos transferidos y el correspondiente al listado nominal de las plazas pagadas. 

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