Julio Reyna Quiroz

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), uno de los organismos privados más importantes del país, declinó sumarse al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, anunciado este lunes por el presidente Enrique Peña Nieto, porque consideró que el documento final es ‘‘improvisado, incompleto e insuficiente’’, y puede ser catalogado como una estrategia de comunicación o imagen pública.

La Coparmex subrayó que no está en contra del gobierno ni de quienes suscribieron el acuerdo, pero sí está en favor de ‘‘un acuerdo real, de compromisos concretos en beneficio de todos los mexicanos’’.

Apuntó que hoy día se necesita, de manera urgente, ‘‘un liderazgo que ponga la mirada en los temas relevantes, que con serenidad los afronte sin miedo, con cambios de fondo, que genere consensos sociales en todos los sectores y que verdaderamente coloque a México como prioridad’’.

Agregó: ‘‘Coparmex ha sido reconocida en la sociedad como la conciencia del sector privado. Pues bien, es esa conciencia precisamente la que hoy nos impide suscribir un acuerdo improvisado, incompleto e insuficiente’’.

Detalló que tras una consulta amplia a los diferentes órganos de gobierno y grupos técnicos, así como a los 65 centros empresariales en todo el país, decidió no firmar el acuerdo porque la situación económica y social actual exige un consenso de todos los sectores sociales, pero que éste no puede ser construido en sólo tres días.

La Coparmex explicó que el gobierno federal propuso a los organismos empresariales suscribir el acuerdo apenas el viernes 6 de enero y el proyecto fue discutido durante el fin de semana. Sin embargo, dijo, la propuesta final fue entregada dos horas antes del anuncio, el cual se realizó en la residencia oficial de Los Pinos.

Afirmó que sí es urgente un acuerdo, pero que sea el resultado de un ‘‘verdadero y amplio consenso social, y no sólo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública’’.

Consideró que cualquier acuerdo deberá incluir metas claras, objetivos puntuales y métricas que sirvan para evaluar los avances, y en particular que el gobierno esté obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, eficientarlo, transparentarlo y, en su caso, corregir o castigar su mal uso.

Recordó que en 1995, en los tiempos en que se concretaron los denominados pactos de solidaridad, la Coparmex dio su ‘‘testimonio, con la abstinencia de su firma’’, de la inviabilidad de los acuerdos que no resultan de un verdadero diálogo social, y que se hacen ‘‘apresuradamente y cuyos efectos son muy limitados’’.

De acuerdo con empresarios consultados, el documento sí fue negociado de manera urgente ante la situación de las movilizaciones y que diversas cámaras rechazaron un primer proyecto entregado por el gobierno federal.

Sin embargo, los empresarios realizaron contrapropuestas en algunos puntos que consideraron excesivos y el documento final no estuvo disponible para algunos dirigentes empresariales hasta la madrugada de este lunes, expuso el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Enrique Solana Sentíes.

A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, negó que haya un rompimiento en el organismo cúpula luego de que la Coparmex se negó a sumarse al acuerdo.

Sólo ‘‘buenas intenciones’’

Por otra parte, para la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), el programa anunciado ayer ‘‘es sólo un catálogo de buenas intenciones y puede llevar a un control artificial de los precios de productos y servicios a fin de evitar incrementos indiscriminados’’.

La presidenta del organismo, Ada Irma Cruz, destacó que sólo en los primeros días de enero el costo de artículos de la canasta básica se elevó hasta 30 por ciento, llevando a la gente a disminuir sus compras y se corre el riesgo de que se intensifiquen las revisiones y sanciones contra comercios.

Dicha estrategia mediática llevará a responsabilizarlos de las alzas de precios, cuando debe ampliarse a los proveedores y al comercio informal, único beneficiado de la emergencia económica, al estar exento de regulación y no tener ninguna responsabilidad para con el consumidor.

(Laura Gómez Flores)

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2017/01/10/politica/004n1pol