Xalapa, Ver.- Los internos de los Centros Federales de Readaptación Social son víctimas de violaciones a sus derechos humanos como la alimentación, la salud y son sometidos a tratos considerados como tortura.

Según el Informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los Centros Federales de Readaptación Social y de Rehabilitación Psicosocial, en todos los centros del país hay irregularidades severas y violaciones a leyes nacionales e internacionales.

El caso del Centro Federal de Readaptación Social número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, en Veracruz, no es la excepción, pues de acuerdo al reporte los 2 mil 711 internos no reciben los alimentos necesarios ya que estos son insuficientes para cubrir sus necesidades.

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En entrevistas con los observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los internos señalaron que los alimentos que les suministran son de mala calidad y que no les proporcionan las dietas prescritas por personal médico.

El documento expone que en Villa Aldama se lleva a cabo maltrato físico, insultos, humillaciones y amenazas por parte de servidores públicos del Cefereso; además, el personal no ha recibido capacitación sobre el Protocolo de Estambul, relativo a la tortura.

En el tema de servicios médicos, el reporte señala que las instalaciones no cuentan con el personal especializado, hay carencia de psiquiatras, de consultorios médicos; los medicamentos del cuadro básico son insuficientes y los internos señalaron que no se les brinda atención médica oportuna.

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“En todos los Ceferesos visitados se detectaron situaciones relacionadas con la insuficiencia de profesionales en medicina general, especialidades médicas y personal de enfermería, así como deficiencias en el suministro de medicamentos, particularmente del cuadro básico”, se lee en el documento.

También se detectó que no se practican certificaciones de integridad física a todos los internos sujetos a una sanción disciplinaria de aislamiento; el personal médico no visita a los internos sancionados durante la aplicación de la medida para verificar su estado de salud, no supervisa la elaboración de los alimentos ni las condiciones de higiene del establecimiento.

En el Cefereso de Villa Aldama tampoco cuentan con programas contra las adicciones ni para el tratamiento de desintoxicación de los internos.

Se reseña que el personal técnico en este Centro es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población interna, por lo que las actividades en general son escasas y no existen actividades laborales remuneradas ni registro de las deportivas.

“Durante las visitas fue evidente la falta personal de seguridad y custodia al interior de los establecimientos para su adecuado funcionamiento, lo que provoca, por ejemplo, que un oficial cubra dos accesos generando retraso en los ingresos, así como la permanencia de los internos en sus estancias la mayor parte del tiempo, debido a la insuficiencia de elementos para custodiarlos a las diferentes áreas”.

En cuanto a las instalaciones, el Centro de Villa Aldama presenta fugas de agua en lavabos de la zona de los baños generales, lo que provoca encharcamientos.

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Sobre la comunicación con personas del exterior, el documento señala que en Veracruz a los reos se les permite mantener comunicación telefónica cada 15 días, durante 10 minutos.

“Existen ocho aparatos telefónicos para una población de 2 mil 711 internos, lo cual resulta insuficiente. Únicamente se autoriza una llamada quincenal de 10 minutos”.

En torno a la separación y clasificación de personas privadas de la libertad, el Informe señala que hay inexistencia de áreas de ingreso y/o de protección.

Por ello, la CNDH emitió una serie de recomendaciones a la Comisión Nacional de Seguridad, a fin de que en un plazo de 20 días posteriores a la publicación del Informe; es decir, el pasado 23 de diciembre, el comisionado Renato Sales Heredia, designe a un funcionario que establezca contacto con la CNDH a fin de erradicar estas conductas.

Entre las recomendaciones están prever medidas para disminuir el riesgo de que el uso de la fuerza y medios de coerción. Iniciar investigaciones correspondientes y, en su caso, la tramitación de los procedimientos de carácter administrativo y/o penal que deriven de los maltratos a reos, en contra de los servidores públicos que resulten responsables.

Invertir para que los centros reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene necesarias para garantizar a las personas privadas de la libertad una estancia digna y segura, particularmente para que cuenten con iluminación y ventilación suficientes, servicios sanitarios en adecuadas condiciones de funcionamiento.

Recomienda también realizar las gestiones necesarias para que los reos reciban alimentos preparados cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud, así como las dietas especiales que sean recetadas por un médico. 

Avc