Veracruz, Ver. Claudia tuvo que pasar por varias semanas de espera y malos tratos para interrumpir su embarazo, aunque había sido producto de la violación de su padrastro.

El caso de Claudia, una joven de 17 años originaria de Veracruz, está registrado en el informe Violencia Sin Interrupción del Grupo de Información en Reproducción Elegida, donde informan los problemas que se presentan en los estados para interrumpir los embarazos cuando son producto de violaciones sexuales.

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Aunque Claudia presentó la denuncia ante el Ministerio Público, nunca le dieron información sobre la prevención de un embarazo o de Infecciones de Transmisión Sexual, aunque es una obligación de las autoridades y se encuentra contemplado en la NOM 046.

Hasta que detuvieron a su padrastro, y ella acompañada de su mamá, pidió apoyo del Instituto Veracruzano de la Mujer, les informaron que era posible y legal interrumpir su embarazo.

“Para lograr que se le practicara la interrupción del embarazo en un hospital público de Veracruz, enfrentó varios obstáculos, como la falta de credibilidad y maltrato en la Agencia del Ministerio Público (…) Claudia y su madre acudieron a buscar ayuda al Instituto de las Mujeres de Veracruz, en donde les informaron de que era posible la interrupción legal del embarazo”, señala el informe.

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En el artículo 174 del Código Penal de Veracruz se establece que es legal la interrupción del embarazo hasta las nueve semanas de gestación en casos de violación y no se especifica los requerimientos para acceder a la misma.

Aunque no es un requisito en el estado de Veracruz, la Asociación Civil GIRE y Claudia tuvieron que solicitar ante un juez que se le permitiera la interrupción del embarazo y la respuesta tardó dos semanas en llegar.

Claudia pudo terminar con su embarazo que no deseaba y que era producto de una violación sexual, pero primero fue necesario que enfrentara múltiples problemas y malos tratos.

De acuerdo con el informe de GIRE en el país se cometen 600 mil delitos sexuales al año, de los que el 90 por ciento son contra mujeres.

Además, el 60 por ciento de los delitos sexuales son practicados contra las mujeres por personas de su familia o conocidos.

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“El lugar en el que más seguras deberían de poder estar las mujeres, es en donde se producen la mitad de los delitos sexuales: sus hogares, y 60 por ciento de las veces, sus agresores resultan ser familiares o personas conocidas”, señala el documento.

Cuando las mujeres solicitan interrumpir su embarazo producto de una violación sexual, se encuentran con una serie de obstáculos incluidas las creencias del personal que labora en salud y en procuración de justicia quienes buscan negar el servicio, aunque es legal en todo el país.

“Ha sido frecuente el mal trato y la re victimización por parte tanto del personal de salud como ministerial que consideran estar facultados para castigar y humillar a las mujeres que no cumplen —bajo su perspectiva— con el mandato de género que indica que antes que otra cosa, las mujeres deben ser madres”, indica el informe.  

Avc