Xalapa, Ver. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Alfredo Ferrari Saavedra, se lavó las manos en cuanto al incumplimiento de varios programas, culpando de esta situación a la crisis económica que atraviesa la entidad y confirmando que dejará este problema a la próxima administración estatal.

“Las condiciones financieras del Gobierno del Estado imposibilitaron que de manera oportuna se canalizaran los recursos para ser aplicados por la dependencia”, justificó el servidor público.

Al comparecer ante diputados locales, detalló que las acciones pendientes están en los programas de pisos de concreto, techos firmes, sanitarios ecológicos y estufas ecológicas, proyectos productivos, huertos comunitarios, apoyo alimentario y empleo temporal, así como obras de electrificación, agua potable y alcantarillado sanitario.

Ferrari Saavedra mencionó que la asignación de los recursos con fondos estatales y federales durante el ejercicio 2016 generó un presupuesto de 524 millones de pesos, de los cuales se autorizaron 409.2 millones de pesos para inversión.

Así, reconoció que deja a la siguiente administración estatal el pago de dichos programas, ya que en lo que resta del actual sexenio no le será posible entregarlos.

“Consideramos que en la Secretaría se dejan asentadas las bases documentales que posibilitan a la siguiente administración retomar bajo sus directrices, y en coordinación con las instancias federales y municipales, esos programas”, expuso.

Casi 1 mmdp debe la Sefiplan

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), adeuda 951 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el estado.

De estos, 583 millones corresponden a recursos para obra pública en tanto que 368 millones para gasto corriente.

Al comparecer ante los diputados locales como parte de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, Alfredo Ferrari Saavedra detalló que el adeudo se arrastra desde el 2010 hasta el presente ejercicio fiscal.

Explicó que cada año, la Sefiplan liberó alrededor de 400 a 450 millones de pesos para las obras y 130 millones para pagos de personal, dejando acumular el monto pendiente, sin señalar las acciones que se han tomado desde su dependencia para obligar al pago del recurso.

Lo anterior al responder los cuestionamientos del diputado perredista José Kirsch Sánchez, quien le recriminó que no informe respecto hasta que punto las empresas fantasma permearon a la dependencia, aun con los señalamientos de las autoridades.

En ese tema también insistió el diputado Rodrigo García Escalante, quien cuestionó si Ferrari Saavedra o algún otro trabajador de la SEDESOL ha acudido ante la PGR o la FGE a declarar al respecto y en calidad de qué.

El servidor público reiteró que ni él ni nadie de la dependencia ha sido llamado, sino que la Secretaría se encuentra expresamente colaborando con la información necesaria para la investigación que se sigue en el estado.

Además, explicó que los 431 millones de pesos que fueron observados por el Órgano de Fiscalización corresponden a los programas de techo y piso firme así como de apoyo alimentario, comprometiéndose a hacer llegar por escrito un desglose de ello.

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Coadyuvan en investigación de empresas fantasma

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado está coadyuvando con la Procuraduría General de la República (PGR) para dar con los responsables del desvío de recursos públicos a través de empresas “fantasma”.

Sin embargo, el titular refirió que las irregularidades ocurrieron durante los años 2012 al 2014 y no formaron parte de la documentación que le entregaron al asumir el cargo.

“Durante mi ejercicio 2016 atendimos con oportunidad los requerimientos de la información formulados por las diferentes autoridades y decir que la investigación está a cargo de la Procuraduría General de la República y la dependencia está coadyuvando en tiempo y forma atendiendo sus requerimientos”, aseveró el funcionario estatal.

Recordó que es un tema que salió a la luz pública a mediados de este 2016 y se resume en la problemática de no localizar domicilios ni representantes legales de empresas encargadas de obras públicas financiadas con fondos de programas sociales que no se llevaron a cabo.

En cuanto a las observaciones generadas en la Cuenta Pública 2015, por las que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ya denunció penalmente a funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado ante la Fiscalía General del Estado, el secretario dijo que están atendiendo este asunto.

Refirió que aún está pendiente la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, por lo que está dispuesto a colaborar con el órgano fiscalizador.

Acudiré para presentar las evidencias correspondientes, es un asunto que está en proceso de solventación”, planteó el secretario, apuntando que pese a las denuncias no se ha requerido la presencia de ningún servidor público de la SEDESOL estatal.

En otro tema, indicó que la dependencia a su cargo no ha presentado una denuncia en contra de Clara Luz Prieto Villegas, actual delegada federal de Sin Hambre, ni a Edna Yuliana Prieto Torres, su sobrina.

Cabe mencionar que presuntamente Prieto Torres defraudó a habitantes de San Andrés Tuxtla, al prometer la entrega de apoyos a cambio de aportaciones económicas respaldándose en el cargo de su tía.

Al respecto, el funcionario dijo que Prieto Villegas no labora en la dependencia a su cargo, de ahí que la SEDESOL federal sería la responsable de proceder en caso de que sea verdad dicho fraude.

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Diputados y ex servidores deben acudir al Orfis por empresas fachada

Tanto Ranulfo Márquez, así como los diputados federales Alberto Silva Ramos y Jorge Alejandro Carvallo Delfín y el diputado local, Vicente Benítez, tendrán que acudir ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para explicar el desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social para empresas “fantasma”.

Cabe recordar que todos los señalados fueron titulares de dicha dependencia, a excepción de Benítez que fue subsecretario de Desarrollo Social.

Lo anterior lo señaló el secretario de Desarrollo Social, Alfredo Ferrari Saavedra, quien adelantó que por su parte también acudirá ante el órgano fiscalizador para deslindar responsabilidades, sobre todo en lo concerniente a las observaciones de la Cuenta Pública 2015.

Al ser cuestionado por la diputada de MORENA, Daniela Griego Ceballos, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, la legisladora aseveró que existen irregularidades por alrededor de 431 millones de pesos en dicha dependencia, en donde 8 de cada 10 pesos presentan observaciones.

“Han sido convocados los funcionarios que se señalaron (por Griego Ceballos) para la audiencia de pruebas y alegatos del ORFIS, a la cual seguramente acudiremos para presentar pruebas pertinentes y en el caso personal solicitando el deslinde de las responsabilidades”, adelantó.

Subrayó que en el caso de la Cuenta Pública 2015 se trata de un proceso abierto y está consumándose ante la instancia correspondiente, aunque también existen denuncias hechas por el ORFIS por el caso de las empresas fantasma.

En ese sentido, descartó haber sido omiso en este tema, por lo que ha estado colaborando en tiempo y forma con la Procuraduría General de la República (PGR) en toda la información que se le ha requerido.

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