Ciudad de México.  La calma que prevalecía frente a la puerta principal del recinto legislativo se vio alterada de pronto; decenas de reporteros con cámara y grabadora en mano corrieron atropelladamente hacia una de las puertas laterales. Iban por el ex tesorero del gobierno de Javier Duarte y actual diputado federal, Antonio Tarek Abdala Saad.

Pero el legislador veracruzano se percató y prácticamente corrió hacia la puerta que lo puso a salvo de la lluvia de cuestionamientos que le harían los comunicadores, luego de que la Contraloría de Veracruz lo inhabilitó del servicio público durante los próximos 10 años, por el presunto desvío de recursos públicos mientras fue funcionario del gobierno que encabezó Javier Duarte.

La prensa tuvo que recurrir a quien en las últimas semanas prácticamente está convertido en vocero del diputado Abdala Saad, el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara baja, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Interrogado sobre la inhabilitación que pesa contra el ex tesorero del gobierno Duartista en Veracruz, Ramírez Marín aclaró que “se trata de una resolución de carácter administrativo que tiene su primera instancia”, por lo que el legislador veracruzano no ha sido señalado por alguna autoridad judicial.

Sin embargo, reconoció que la fracción parlamentaria del PRI ya le pidió al diputado Antonio Tarek Abdala, “que esté en todo momento dispuesto a dar la cara, a dar las explicaciones que considere, a utilizar los mecanismos de defensa que tiene”, si es que alguna autoridad investigadora así se lo demanda.

-Sin embargo, el diputado Abdala Saad ya está indiciado, ya se presentó una denuncia penal en su contra. ¿Entonces la bancada lo va a proteger?

-Efectivamente, hay denuncias en su contra como habían éstas en la Contraloría y que se están desahogando. La bancada, ni en este ni en ningún otro caso, actuará, en caso de que haya un mandamiento judicial. Y en este caso no lo hay. Si hubiera una autoridad que solicitara el desafuero, con pruebas fundadas, por supuesto con una investigación exhaustiva y desahogada, la Cámara de Diputados no debe en ningún caso rehuir un mandamiento de una autoridad constituida”, dijo el diputado Ramírez Marín.

-Entonces, ¿las resoluciones de una instancia local no tiene validez para ustedes?

-El diputado es diputado y mantiene sus derechos en tanto una autoridad constituida no le reclame a la Cámara de Diputados que se los retire. Es allí cuando podemos actuar. De motu proprio o por iniciativa propia, por el deseo  o por el interés de hacerlo, no lo podemos hacer. Me han preguntado, ¿y qué pasa si el diputado decide no dar la cara? Ese es un tema que le corresponde a la autoridad que lo esté investigando, recalcó el vicecoordinador de los diputados federales del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.