Carlos Mota

Que quiebre una empresa es algo común. Al proceso se le llama concurso mercantil, y está regido por una ley específica. En general, una empresa que quiebra puede optar por seguir funcionando cuando reestructura sus pasivos. Muchas empresas cambian de dueño en este proceso, y los acreedores anteriores se convierten en los nuevos accionistas.

Pero que quiebre un gobierno local o municipal es algo muy distinto, porque se trata de un espacio de soberanía subnacional y, aunque en el fondo los efectos son similares —se dejan de pagar deudas a proveedores, se pierde la reputación y se acumula intereses—, hay algo sustancialmente distinto: no pueden cambiar de dueño.

Durante los últimos días hemos escuchado que muchos municipios de Veracruz están en la quiebra por las corruptelas de Javier Duarte y por el desvío de recursos que la federación enviaba a los municipios. Una voz fuerte se alzó el mes pasado, la de Miguel Ángel Yunes Márquez —alcalde de Boca del Río—, denunciando junto con otros 20 munícipes el tema, indicando reiteradamente que los alcaldes priistas son cómplices del saqueo en la entidad.

Ayer Excélsior reportaba que el municipio de San Andrés Tenejapan podría quedarse sin servicio policial y que a los servicios de limpieza municipal se les ha dejado de pagar —situación similar a la que ocurre en Apazapan—. De igual forma, se ha dejado de pagar el agua.

¿Qué ocurrirá en Veracruz si empezamos a ver municipios sin Policía, sucios, sin alumbrado público y sin servicios de salud? La anarquía.

Recuérdese que la nueva Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios obliga a esas entidades a corregir sus finanzas, sí, pero a partir de enero de 2017, además de que no es explícita para abordar situaciones de quiebra como la que está ocurriendo en los municipios veracruzanos.

La agria telenovela veracruzana tuvo un origen en las obscuras intenciones de Javier Duarte. Ello derivó en componendas políticas con los munícipes afines. Al final, todo ello arrojó un problema técnico financiero: los municipios están quebrados, y la quiebra no se solucionará con personas en la cárcel porque el dinero seguirá necesitándose.

La solución a esta problemática sería elevar impuestos locales. Pero eso no ocurrirá, porque esos municipios no tienen capacidad recaudatoria ni fiscalizadora. ¿Qué opciones quedan, entonces, ante una situación de anarquía potencialmente explosiva? Solo una: permitir que un ente externo tome el control y cerrar la puerta de los gobiernos municipales.

Al gobernador interino Flavino Ríos le está estallando el problema en estos momentos. Así que todo apunta a que el gobierno federal es quien debiera ejercer el poder ahí.

El municipio no libre.

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