A dos meses de que sea nombrado un nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, el investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Víctor Andrade Guevara, señala que “el poder judicial no se encuentra a la altura de las demandas sociales”.

“No es un poder autónomo, capaz de garantizar el derecho de acceso a la justicia”, dice Andrade Guevara, quien los últimos meses se ha dedicado a observa la actuación del Poder Judicial.

En su diagnóstico sobre las flaquezas del Poder Judicial, el investigador de la UV señala que un primer elemento que debilita la actuación de este poder es la forma en que se nombra a los magistrados.

“Es un proceso politizado, donde no se toma en cuenta la carrera judicial sino la carrera política –muchos son miembros del PRI- y eso elimina la independencia y la autonomía del poder judicial”.

El investigador –que  ha revisado estadísticas oficiales, ha platicado con integrantes de las barras de abogados de Veracruz y ha hecho un trabajo etnográfico en los juzgados- señala que los últimos nombramientos “son de gente leal al gobernador en funciones: Javier Duarte de Ochoa”.

Ejemplos para ilustrar las palabras de Andrade Guevara, sobran en el organigrama del Poder Judicial:

1.-Edel Álvarez Peña, dirigente del PRI del 2004-2007.

 2.-Amadeo Flores Villalba, integrante de la agrupación priísta Vía Veracruzana e hijo del actual dirigente estatal del PRI, Amadeo Flores Espinosa.

3.-Eduardo Andrade Sánchez, diputado federal (2003-2006) y senador del PRI (1994-2000).

“Se trata de nombramientos que no  obedecen a una carrera judicial sino a sus vínculos con el PRI. Eso resta legitimidad, autoridad moral, y refleja una falta de eficacia  para impartir justicia”, dijo el investigador.

Espiral de corrupción y revocación de sentencias

Para Víctor Andrade, el nombramiento de este tipo de magistrados desencadena dos vicios al interior del Poder Judicial: Primero, abundantes casos de corrupción entre los jueces; y segundo: una alta revocación de las sentencias emitidas por los magistrados.

Los tribunales de Circuito, encargadas de atender los amparos en contra de las resoluciones y sentencias emitidas por los magistrados, emiten un alto por centaje de resoluciones modificando o desechando las sentencias de los magistrados del Poder Judicial

“Eso habla de una baja calidad de las sentencias y resoluciones emitidas por los magistrados de las distintas salas”, inquiere Andrade Guevara.

Esta situación es disimulada desde el Poder Judicial porque al presentar estadísticas se habla de sentencias totales emitidas, contra los que presentan un amparo.

Sin embargo, el investigador de la UV dijo que es necesario ponderar que “muchas personas no se amparan –por desconocimiento, falta de asesoría jurídica, etc.-“.

Pero, consideró, sí se toma en cuenta la cantidad de amparos que se interponen con las resoluciones en donde se desechan o modifican sentencias, “se puede observar que la calidad de las sentencias de los magistrados es deficiente”.

En relación a la corrupción que impera entre los jueces, el investigador advierte que el Consejo de la Judicatura no ha cumplido con su función de vigilar el correcto funcionamiento de jueces y demás funcionarios.

“Cuando un juez incurre en alguna falta, lo que hacen es cesarlo temporalmente, y lo que más se da es que los cambian de adscripción. Los jueces desfilan por los juzgados de Veracruz tras cometer una falta”.

Dijo que a partir de los testimonios de las barras de abogados y usuarios del Poder Judicial, se puede decir que “es común el que se incurra en actos de corrupción por parte de jueces, secretarios y funcionarios de los distintos juzgados”.

En el estudio que realiza en torno al Poder Judicial, Guevara Andrade detectó que no se respeta la carrera judicial -aunque hay un servicio civil de carrera al interior del Poder-.

“Seguido hacen nombramiento de jueces en calidad de interinos, y con ese nombramiento de interino evitan que las personas presenten el examen de oposición al que están obligados”.

Poder Judicial, los problemas estructurales

En Veracruz hay un promedio de cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, una cifra tres veces menor al promedio internacional, que estipula 16 jueces por cada 100 mil habitantes.

 Pero no sólo eso, aparte de ser pocos se encuentran mal distribuidos. La mayoría de los juzgados están en las cabeceras de distrito, de tal forma que hay municipios que se encuentran lejos de las instancias de justicia.

En el sur de Veracruz, por ejemplo, los juzgados se encuentran en Coatzacoalcos, y hay localidades como Las Choapas que “para presentar un juicio, darle seguimiento a una demanda o denuncia, tienen que trasladarse muchas horas, y  la atención es tardada”.

“Con estos damos estamos ya ante un déficit en cuanto a capacidad de atención porque no hay un número adecuado de jueces, no hay una justicia pronta y expedita”, señala el investigador.

Además, comentó que la implementación de la reforma del nuevo sistema de justicia penal, es deficiente en la entidad. Atienden a un número deficiente de casos, las audiencias de prologan demasiado, y el personal no sabe cómo llevar adelante los juicios orales.

 Con estos elementos a la vista, el investigador de la Universidad Veracruzana  (UV) concluye que hay una severa crisis en el Poder Judicial que no podrá resolverse en cuanto no se lleve a cabo una reforma a fondo.

Señaló que de entrada, los magistrados a modo –simpatizantes del PRI y sin carrera judicial- nombrados durante los últimos 12 años, deben ser retirados de sus funciones si se quiere avanzar en materia de impartición de justicia.

“El próximo gobierno junto con el próximo congreso deberían impulsar una reforma judicial en donde  renovaran a los magistrados integrantes del Poder Judicial –claro, había una impugnación en este sentido- pero dada la politización ha que estado sometido el Poder Judicial, de 12 años para acá, esta es la única manera de poner en marcha una reforma al Poder Judicial”.

Para Victor Andrade, si se cae en la tentación de nombrar a un nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, a partir de su carrera política y no de su carrera judicial, "la perspectiva es que la situación empeore aún más".