Xalapa, Ver.- Tras señalar que los delitos no prescriben, el auditor general de Órgano Superior de Fiscalización (Orfis), Antonio Portilla Vásquez, afirmó que fue la investigación periodística de “Animal Político”, la que los llevó a revisar nuevamente las cuentas públicas de los años 2012 al 2014 y detectar irregularidades en la constitución de las “empresas fantasmas” que recibieron más de 900 millones de pesos por contratos del gobierno.

Y es así como se presentó una denuncia contra funcionarios de la SEV, Protección Civil y la Secretaría de Desarrollo Social.

Justificó el trabajo del órgano de fiscalización al señalar que ellos detectaron algunas inconsistencias, que notificaron a los órganos internos de control de las dependencias para que se fincara alguna responsabilidad.

Aseguró que el hecho de que ya se hayan aprobado las cuentas públicas, de parte del Congreso local, no afecta en la investigación y no implica alguna responsabilidad de parte de  los diputados.

Explicó que la querella que se interpuso es para que las autoridades investiguen y determinen si existen o no los bienes y servicios por los que se pagó en otros ejercicios fiscales.

En caso de que la investigación ministerial determine que se configura algún delito, el Orfis tendrá que proceder en consecuencia, dijo y evitó confirmar que elementos de prueba le permitieron iniciar la querella.

Hay que recordar que el portal Animal Político evidenció que en los años 2011 y 2012 se constituyeron empresas “fachada” que recibieron contratos millonarios, por lo que el SAT inició una investigación que involucra  a más de 20 firmas.

En este caso el Auditor General, aseguró que las cuentas públicas que se revisaron nuevamente fueron las del año 2012 al 2014, periodo en el que él ya estaba al frente del órgano local,  y en todos los casos ya fueron aprobadas por el Congreso local.

“Cuando se hicieron las auditorias, y recuerden que estamos un año después, las empresas que se auditaron legalmente estaban constituidas, nosotros al hacer los procedimientos se determinaron ciertas inconsistencias, que derivaron, que cuando el Congreso aprobó y dictaminó las cuentas públicas, las observaciones se turnaran a los órganos de control”.

Cuestionado porque las denuncias se presentaron en el 2016, dijo: “las auditorias salen en los años 2012, 2013 y 2014 y hay elementos de una investigación periodísticas que nos hicieron analizar y compulsar”.

La inversión de más de 900 millones de pesos en obras y acciones inconclusas podría configurar los delitos de fraude o desvío de recursos, y esos ilícitos no prescriben.

En entrevista en el marco de las guardias de honor frente al monumento de Miguel Hidalgo, descartó que el hecho de que haya procedido el pasado mes de agosto, sea para eludir alguna responsabilidad.

Aseguró que él está consciente que como funcionario público puede ser sancionado aún y cuando haya dejado el cargo.

“La ley señala prescripciones para los servidores y ex servidores públicos y los que somos servidores públicos sabemos que estamos obligados trabajar de una manera ética, profesional  y apegado a la legalidad y quien se aparte de ese camino deberá asumir sus consecuencias. Son siete años”. 

Avc