El gobierno de Veracruz, a cargo de Javier Duarte,  defraudó a sus propios trabajadores. Desapareció mil 45 millones de pesos que les descontó para pagar créditos adquiridos vía nómina.

En la Gaceta de 21 de julio pasado reconoció que debe ese dinero a 19 empresas que ofrecieron diferentes tipo de créditos, a pesar de que el recurso si fue retenido quincenalmente a los trabajadores y debía ser entregado a las empresas.

Entre las compañías afectadas, se encuentran: aseguradoras, muebleras, financieras y hasta el seguro social de los trabajadores del estado.

Ivan Gidi, director de convenios de Intermercado Veracruz, dijo: “Tenemos más de 4 mil trabajadores reportados en el buró de crédito, por culpa del gobierno del estado”.

Los problemas de pago comenzaron en 2012, fecha a partir de la cual emprendieron una batalla legal. El gobierno de Veracruz respondió  anunciando (el 19 de mayo del 2016) que suspendería ese esquema financiero.

Las autoridades argumentaron que perjudicaba las economía de los trabajadores y sólo beneficiaba a empresas que cobraban abusivas tasas de interés. Lo que no dijeron es qué sucedió con ese dinero que no era parte de ningún presupuesto y que debía ser entregado a las empresas.

Intermercado Veracruz ha interpuesto siete denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado en contra de Juan Manuel Castillo, ex subsecretario de finanzas y ahora diputado electo del PRI; Manuel Arellano Méndez, es secretario general de la sección 56 del SNTE; Luisa Ángela Soto Maldonado, líder de trabajadores de Salud y ahora diputada electa del PRI; Ricardo Sandoval Aguilar, director administrativo de la Secretaría de Salud; Carol Jessica Moreno Torres, ex oficial mayor de la SEV; Vicente Benítez González, ex oficial mayor de la SEV.

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