Xalapa, Ver. En el II informe de labores de la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara (7 de septiembre 2015) se informó por primera vez, -de manera oficial- lo que desde mayo de ese mismo año había deslizado: la deuda del gobierno de Javier Duarte de Ochoa con la UV alcanzaba los mil 625.2 millones de pesos.

Ahí empezó una batalla legal, con marchas multitudinarias, desplegados y pronunciamientos de la UV en busca de la asignación del presupuesto, que más  tarde llegó no solo a la PGR, sino a instancias internacionales como la ONU.

Un año después, el adeudo de Duarte de Ochoa con la casa de estudios sigue elevándose y que se ha traducido, entre otras cosas, en cerca de 300 obras paradas en los diversos campus de la UV.

Duarte vs Rectora

Horas antes de que Ladrón de Guevara rindiera el Informe donde daría a conocer los adeudos del gobierno estatal con corte al mes de agosto del 2015,  Duarte de Ochoa le ganó el brinco y ofreció una rueda de prensa para curarse en salud:

"No se le adeuda nada a la Universidad Veracruzana", dijo y añadió que la máxima casa de estudios recibe el 52 por ciento de subsidio por parte de su administración.

Aseguró que hasta ese momento, en todo el año la UV había recibido recursos en el orden de los mil 460.9 millones de pesos de manera "generosa", del Gobierno del Estado.

En el último trimestre de ese año, la rectora y el gobernador sostuvieron al menos dos reuniones en las que se habló de los adeudos, comprometiéndose el mandatario a cubrir el monto que estaba por llegar a los 2 mil millones de pesos.

Hubo guerras en Twitter; comunicados de uno y de otro; reuniones de los titulares de finanzas de ambas partes. Al cruce de declaraciones, se sumaron actores, como el entonces director del IPE, Armando Adriano Fabre, acusando a la UV de evadir su responsabilidad de pago de cuotas al Instituto, por un monto de 2 mil millones de pesos.

El 5 febrero de este año, ante el incumplimiento de pago, la UV se vio obligada a interponer una demanda de amparo y dos denuncias en contra de la administración de Javier Duarte de Ochoa.

El amparo fue contra el decreto de Presupuesto de Egresos  del gobierno de Veracruz que fue aprobado por la mayoría priísta en el Congreso de Veracruz, para reducir el monto de las aportaciones para ejercerse en el año 2016 en el juzgado décimo séptimo de Distrito en Materia Mixta, en Xalapa radicado en el expediente 75/2016.

En tanto que las dos demandas fueron en contra de "quienes se encuentren responsables" por la falta de asignación de recursos estatales y federales a la casa de estudios.

La primera denuncia fue presentada el día  2 de febrero ante la Coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con hechos de Corrupción cometidos por servidores públicos de la FGE, “por la no entrega de mil 625 millones de pesos”.

La segunda denuncia fue interpuesta ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación por la no entrega de 451 millones de pesos”, y registrada como AP/PGR/XAL-IV/012/2016/P.P, la cual ya ha sido desahogada.

Para esa fecha, la deuda ya era de 2 mil 76 millones de pesos.

Entre el 25 de febrero y el 10 de marzo, en defensa de la UV marcharon los sindicalizados, los estudiantes y las autoridades universitarias, en tres acciones distintas. Exigieron el pago a la universidad y el respeto a la comunidad.

En las acciones para obligar al gobernador Javier Duarte de Ochoa a pagar sus adeudos con la UV, el 26 abril la Junta de Gobierno envió hasta el relator sobre el Derecho a la Educación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kishore Singh, una carta de denuncia por violación del derecho a la enseñanza superior en el estado de Veracruz.

En tanto, miembros de la Junta de Gobierno de la UV se presentaron también en la oficina del Representante Adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para dar seguimiento al caso.

Una visita de la rectora a la Cámara de Diputados y un punto de acuerdo días después para exhortar al gobierno de Veracruz a cumplir sus compromisos presupuestales con la Universidad Veracruzana fue parte de las acciones a finales de abril.

El 5 de mayo, a través de un desplegado, los integrantes del Consejo de Universidad Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), que es parte la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), expresaron su preocupación por las repercusiones que tendrán los adeudos sobre la calidad educativa y exigieron el pago al mandatario.

El 18 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoció que la UV no tiene responsabilidad alguna respecto del pendiente de pago de mil 154.8 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que el gobierno estatal retuvo pero no enteró a nombre de la institución.

El 27, se realizó una nueva marcha encabezada por la rectora y demás autoridades pues los pagos no llegaban.

A la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) ya concluyó con la integración de la investigación sobre la denuncia interpuesta por la Universidad Veracruzana (UV) ante la falta de entrega de recursos federales desde 2012.

A partir de ahora la PGR deberá decidir si reserva la investigación, la archiva o ejerce acción penal en contra de los responsables de la omisión en la entrega de los recursos.

Obras sin realizar

Hasta febrero de este año, el adeudo había provocado la suspensión de al menos 288 obras de infraestructura y mantenimiento con un valor de 208.5 millones de pesos.

La institución confirmó que la falta de recursos ha impedido la ampliación de la matrícula escolar, la acreditación de programas educativos, el desarrollo y difusión de proyectos de investigación así como el cubrir las plazas vacantes de académicos y administrativas, la realización de eventos culturales, el registro de posgrados y hasta la visita de organismos evaluadores por no poder pagar los viáticos y honorarios.

En un desglose proporcionado por la UV, fueron enlistadas 130 obras que se encuentran suspendidas en las cinco regiones por un monto de 121 millones 298 mil 802 pesos con 69 centavos y una superficie de 77 mil 376.14 metros cuadrados.

Asimismo, la universidad dio a conocer que contrató 22 obras por seis millones 624 mil 795 pesos con 90 centavos, pero éstas no han iniciado por falta de dinero.

También señaló que hay 136 obras pendientes por contratar cuyo valor es de 80 millones 580 mil 986 pesos con 45 centavos. La superficie en metros cuadrados de estos proyectos es de 122 mil 270.45

De acuerdo al desglose, el campus Xalapa tiene 46 obras paradas, cinco contratadas pero no iniciadas y 56 pendientes por contratar.

En Veracruz fueron suspendidos 14 proyectos de infraestructura, dos fueron contratados pero no iniciados y 28 se encuentran en lista de espera.

La región Córdoba-Orizaba registra 22 construcciones suspendidas, dos contratadas pero no iniciadas y 17 sin contratar.

En Poza Rica-Tuxpan, la UV tiene 27 obras suspendidas, dos están contratadas pero sin iniciar y 27 sin contratar.

Los campus de Coatzacoalcos y Minatitlán, por su parte, cuentan con 21 obras suspendidas, 11 contratadas no iniciadas y ocho aún sin contratar.

En total, la UV tiene pendiente la construcción de 18 aulas, dos talleres, una biblioteca, 10 laboratorios, tres centros de cómputo, dos sanitarios, un estacionamiento, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, especiales, administrativas y de servicio público.

Duarte sigue acumulando deuda

La cifra inicial de la deuda hace un año, era de mil 625.2 millones de pesos; aunque el gobierno estatal emitió un calendario de pagos el 22 de febrero, no se ha cumplido con el mismo.

El 11 de marzo, la rectora confirmó que la deuda del gobernador Javier Duarte de Ochoa con la Universidad Veracruzana se incrementó de 2 mil 76 millones –que se debía a finales del 2015-, a más de 2 mil 332 millones 549 mil pesos, en los primeros meses de este 2016.

Esto representó un aumento de 256 millones de pesos, hasta ese momento.

El 29 d agosto, la secretaria de Finanzas y Administración de la Universidad Veracruzana, Clementina Guerrero García, confirmó que la deuda del gobierno del estado con la máxima casa de estudios ha alcanzado los 2 mil 500 millones de pesos.

Esto incluye los mil 500 millones de pesos que se le adeudan al Servicio de Administración Tributario (SAT) que representan el 56 por ciento del pasivo total.

"Los calendarios no han sido cumplidos de manera que sigue creciendo la deuda, se está pagando el subsidio estatal ordinario, una parte de él, no de acuerdo con el calendario, lo mismo que sucede con el subsidio federal extraordinario", lamentó.