Susana González

La corrupción cuesta a México el equivalente a 10 por ciento de su producto interno bruto (PIB), es decir, un billón 920 mil millones de pesos, lo que en términos porcentuales, quintuplica el costo que este problema registra a nivel mundial, se reveló en el Foro Nacional Anticorrupción organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Los sobornos en todo el planeta suman entre 1.5 y 2 billones de dólares, lo que equivale a 2 por ciento del PIB mundial, según un informe de este año del Fondo Monetario Internacional (FMI), refirió Luis Almagro Lemes, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), al inaugurar el foro con una ponencia magistral.

En cambio, en México las pérdidas económicas por la corrupción equivalen a 10 por ciento del PIB nacional, aseveró a su vez Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. “No es casualidad que en materia de estado de derecho estemos en el lugar 79 u 80 del mundo, mientras somos la economía número 13”, remarcó. El 10 por ciento del PIB que el dirigente empresarial mencionó equivale a un billón 920 mil millones de pesos si se toman en cuenta las cifras de la Secretaría de Hacienda.

El foro congregó a directores de empresas, funcionarios y legisladores federales, representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, así como a los presidentes de organizaciones que luchan contra la corrupción, como Mexicanos Contra la Corrupción y Transparencia Mexicana, que en diferentes mesas coincidieron en que la aprobación de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción es una avance para el país y se congratularon de que la sociedad colocara el tema en la agenda nacional de manera pacífica y sin protestas, arrebatándole a la clase política el monopolio de decidir al respecto. Sin embargo, también advirtieron que el gran reto es que en menos de un año toda la legislación aprobada debe ser instrumentada en la realidad.

Peter Ainsworth, consejero del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien refirió el caso de una empresa de su país que abandonó México para no participar en actos de corrupción, advirtió que ésta “se ve mal para la inversión y la aleja. Las empresas no quieren asentarse en un país corrupto y entonces no se obtienen los empleos que podrían generar”.

La lucha contra la corrupción “ayuda a contar con un buen ambiente de negocios”, dijo a su vez Duncan Taylor, embajador de Gran Bretaña, en tanto Eduardo Martínez, oficial jurídico de la OEA, sentenció que los delitos de corrupción deben ser imprescriptibles, igual que los de lesa humanidad.

Los empresarios afiliados al sindicato patronal preguntaron al secretario de la OEA sobre la corrupción en México y si el organismo regional ha atendido casos de aquí, hecho recomendaciones a las autoridades o las ha asesorado para combatirla, pero Almagro sólo respondió que “la ventaja es que Mexico es un país abierto al escrutinio internacional” tanto en derechos humanos como en casos de transparencia de información o datos.

El secretario de la OEA manifestó que cuando los ciudadanos o empresas no encuentran respuestas o resultados en las denuncias de corrupción que hacen ante las instituciones de su país, entonces deben recurrir a organismos internacionales.

El dirigente de Coparmex señaló que da seguimiento a los casos de corrupción registrados en los gobiernos de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora y Nuevo León, pero acotó que agotarán todos los instrumentos legales locales, sin descartar recurrir al organismo regional en caso de no encontrar respuesta.

En su ponencia Almagro destacó que el sector privado es fundamental para el combate a la corrupción, pero también advirtió que si incurren en la misma deben disolverse, e hizo notar que las pequeñas empresas resultan las más afectadas porque no pueden competir. De Hoyos se mostró de acuerdo pero dijo que en casos extremos pues debe diferenciarse si sólo son uno o varios empleados los que cometen tales casos o toda una compañía.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/08/18/economia/020n1eco