Redacción

La Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del estado de México (Igispem), destituyó e inhabilitó para ocupar cargo público a una decena de agentes ministeriales y peritos que participaron en las indagatorias de la matanza ocurrida en Tlatlaya, la madrugada del 30 de junio de 2014.

De acuerdo con el periódico La Jornada, la Igispem inició procedimiento administrativo contra 52 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) involucrados por la muerte de 22 civiles en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, a manos de elementos del Ejército Mexicano.

Señaló que de estos servidores, el Igispem resolvió ya 30 expedientes contra igual número de funcionarios. En diez casos se decretó la destitución e inhabilitación; en 19, se resolvió con una suspensión por un mes y en un caso más por una suspensión por 15 días.

Estas son las primeras sanciones para servidores públicos del Estado de México, a raíz de su actuación en el caso Tlatlaya, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comprobó que existió una grave violación a las garantías individuales de parte de personal del Ejército, de la Procuraduría General de la República y de funcionarios mexiquenses.

Se comprobó que el personal de la PGJEM no sólo solapó esta situación, sino hasta se encubrió la alteración de la escena del crimen con la finalidad de que no hubiera imputaciones contra los efectivos castrenses.