Córdoba, Ver.- En México y Veracruz, la defensa de los derechos humanos se resume a la firma de convenios ante la opinión pública, en la práctica no existen protocolos que garanticen la integridad de los activistas y defensores de las garantías constitucionales cuando se trata de afectaciones a la comunidad y de hacer valer la ley a favor de los pueblos y grupos vulnerables.

José Enedino González Nava, integrante de la asociación civil Pueblos Unidos Pro Derechos Constitucionales, indicó que sólo en México se le protege más a un “narco” o un asesino que a quienes defienden los derechos de la sociedad, de los pueblos, del medio ambiente.

“Cuando hablamos de grandes empresas, de quienes tienen los grandes capitales para invertir, la ley se pone de su lado, también los derechos humanos, por ello, la sociedad se organiza y se lanza para tratar de frenar atropellos con la instalación de plantas contaminantes o la explotación irracional de los recursos naturales”, expresó.

Y ejemplificó: “Ahorita vemos al grupo San Roke, de Domingo Muguira, en san Rafael, que no construyó sus plantas de tratamiento y sus desechos los vierten a orillas del río Seco; fue el pueblo organizado el que impidió hasta el momento la operación de una planta de hidrocarburos en Paraje, con el aval del ayuntamiento de Amatlán, cuando no cumple con las normas estatales y federales, por ello, se presentará una denuncia contra las autoridades amatecas por dar permisos violentando la ley”.

Lamentó que al paso de los años las cosas no cambien, de lo contrario cada vez la vida de los activistas está más en riesgo, sufren ataques, amenazas, “buscan callar las voces”.

“Entonces para nosotros como ambientalistas y asociaciones civiles, nos da tristeza ver cómo pasa, de parte de todos los actores políticos, de todo tipo hay presión, toda la vida tenemos que estar en la defensa de los derechos humanos, tan sólo en el tema ambiental, el derecho a la consulta, qué quiere la ciudadanía, qué es lo usted desea que se haga, pero no, los únicos intereses que cuentan son los que tienen quienes están en el poder”, enfatizó.

Desde los gobiernos municipales hasta el federal, el entrevistado consideró que se acostumbraron ya a los plantones, a las tomas de palacio y bloqueos carreteros, porque no dejan otra acción, si se respetaran los derechos humanos de las comunidades, no habría necesidad de hacer eso.

De no existir los activistas, asociaciones y agrupaciones en defensa de los derechos, todo sería un “caos”, consideró González Nava, y es que los abusos no cesarán porque es notorio el interés que tienen los gobiernos de pasar por encima de la ley y seguir enriqueciendo a la gente que más tiene.

De las reuniones que recientemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha encabezado por todo