Xalapa, Ver. Además de haber reventado la sesión ordinaria del pasado jueves, por mayoriteo del PRI y sus partidos aliados, se acordó que en la sesión de este miércoles -por primera vez en la historia del Congreso del Estado-, no habrá pronunciamientos.

En rueda de prensa, los diputados del Grupo Legislativo del PAN acusaron que se aplica la "ley mordaza" para evitar que se toquen temas como la inseguridad, la compra de votos y el desvío de recursos vía empresas fantasmas, que a falta de quórum se quedaron en espera el jueves pasado al retirarse los diputados priistas.

“Están buscando de manera desesperada bloquear la voz de los diputados del PAN. Vienen ejerciendo un control de daños que impida a los grupos de oposición, denunciar en la máxima tribuna del Estado, la ola de violencia de la que estamos siendo víctimas, los terribles saqueos que enfrenta el Instituto de Pensiones, el desfalco por más de 600 millones de pesos que realizó el Gobierno del Estado a través de empresas fantasmas y toda la intervención que realiza el aparato del Estado para favorecer al candidato del PRI a la Gubernatura”, indicó Julen Rementería del Puerto.

Explicó que ayer, en la Junta de Coordinación Política, se sometió a votación el proyecto de orden del día para la sesión de hoy, “el cual por primera vez en la historia de esta Legislatura y de este Congreso, no contendrá pronunciamientos”.

El diputado dijo que es elemental para una cámara legislativa y es sano para la democracia, que se presenten debates políticos al amparo de la inmunidad parlamentaria y la libertad de expresión.

Recordó que en diciembre de 2014, los diputados del PRI  rompieron el quorum cuando él hablaba sobre el monto real de la Deuda Pública y el fallecido diputado Fidel Robles Guadarrama del PT, debatía sobre el cambio de formato de la glosa del informe.

Agregó que en la pasada sesión del día 19, se rompió el quorum antes del pronunciamiento que presentaría el diputado Jorge Vera Hernández con respecto a la compra de votos.

Aunque este  se reagendó para ser presentado durante la sesión del jueves de la semana pasada, junto con un tema de inseguridad de la diputada Ana Cristina Ledezma y otro del diiputado Alejandro Zairick Morante con respecto a las empresas fantasmas, nuevamente salieron del recinto, antes de hacer la lectura de sus pronunciamientos.

“Lo hicieron para evitar que ustedes, medios de comunicación de Veracruz, informen a los veracruzanos que los diputados de Acción Nacional el Congreso del Estado, no son ajenos a las exigencias de justicia que demanda el pueblo de Veracruz”.

En primer lugar, indicó, los legisladores priistas se niegan a escuchar la denuncia pública del mal uso del padrón electoral que está realizando el PRI, haciendo llegar correspondencia a domicilios de particulares.

“Es decir, están haciendo uso de datos personales, y deben aclarar como obtuvieron esa información o si están haciendo uso indebido del padrón electoral”.

Sostuvo que de igual forma pretenden engañar a los electores veracruzanos, manipulando encuestas de las cuales en su oportunidad, la casa “Berumen y Asociados” y un portal local se han deslindado y señalando de falsos los contenidos donde supuestamente el candidato Héctor Yunes Landa se encuentra arriba en las encuestas.

“El PRI ha ordenado la realización de llamadas telefónicas a casas de ciudadanos veracruzanos, para levantarles una supuesta encuesta que no es otra cosa que una estrategia más de la guerra sucia y se insiste una y otra vez en no votar por el candidato de mi Partido Acción Nacional, sosteniendo una cantidad interminables de mentiras y descalificaciones, todas sin sustento”, reclamó Rementería del Puerto.

Acotó que también se niegan a escuchar los posicionamientos con respecto a la coacción del voto “que han realizado funcionarios del programa Prospera”, y citó el ejemplo de Xalapa, donde presuntamente se están ofreciendo apoyos o proyectos de 10 mil pesos a cambio de la credencial para votar, “ello también será denunciado, ya que es delito electoral.

“El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, adelantó en tribuna que, conociendo las viejas mañas del PRI, con certeza se incrementarían los actos de violencia al acercarse la fecha de la elección”, acotó.

El diputado hizo un recuento de esos hechos de violencia, destacando el multihomicidio en el cento nocturno “La Madame” en esta ciudad el 22 de mayo, cuando también se registró un enfrentamiento en Orizaba.

El sábado 21, agregó, fue levantado un ciudadano que se encontraba en el interior de una iglesia en el puerto de Veracruz, en tanto que el 25, se abandonaron unos cuerpos descuartizados en la zona de Orizaba.

“El día de ayer, como todos saben, las oficinas privadas del presidente del PAN, José Mancha Alarcón, fueron atacadas por un comando armado, prendiendo fuego con gasolina y causando estragos y daños en propiedad privada y en equipos de cómputo, poniendo en riesgo la vida de varias personas y vecinos del lugar”, señaló.

Rementería del Puerto lamentó que antes de concluir una investigación, incluso antes de iniciarla, las víctimas son inmediatamente relacionadas con el crimen organizado o bien, no se toman las medidas de seguridad para acordonar el área de los hechos, perdiéndose en consecuencia evidencia importante.

También resaltó los hechos ocurridos ayer en Mixtla de Altamirano, donde secuestraron a cuatro personas y varias resultaron golpeadas en un enfrentamiento entre militantes del PAN y del PVEM.

“Volvemos a llamar la atención del gobierno federal, de las fuerzas militares y de la armada de México, para que protejan a los ciudadanos, para que se garantice su derecho al cambio democrático a través del ejercicio libre del voto directo el próximo cinco de junio.

“No confiamos en la Secretaría de Seguridad Pública, no podemos permitir que la seguridad de los comicios esté en manos de ella. Ese día serán operadores del PRI”, afirmó.

Piden renuncia de funcionaria del OPLE

Julen Rementería acusó que Zaide del Carmen Zamudio Corro, quien fungió entre 2013 y 2015 como jefa de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección Civil, cuando se otorgaron nueve contratos que Protección Civil otorgó a cuatro empresas por 29 millones de pesos mediante el procedimiento de adjudicación directa para la adquisición de cobertores, despensas, colchonetas y kits de limpieza.

Zamudio Corro, quien ahora es Directora Ejecutiva de Administración del OPLE, está plenamente identificada en el reportaje de Animal Político, como participante en el escándalo de corrupción millonario, por más de 645 millones de pesos y que involucra a más de 21 empresas fantasmas.

El diputado aseveró que sus vínculos con la ex titular de  PC, Noemí Guzman Lagunes y con el gobernador Javier Duarte son fuertes “y viene entonces a la memoria el contrato que firmó el OPLE con la empresa “Corporativo Zeg, S.A. de C.V.” para capturar las cédulas de apoyo de los candidatos independientes para este proceso electoral.

“Como todos saben y como lo ha señalado en sus sentencias el Tribunal Electoral Local, la Sala Regional y la Sala Superior, los resultados de la captura no fueron satisfactorios porque ésta se realizó con muchos errores.

“Esta persona, Zaide del Carmen Zamudio Corro, tomó la decisión de contratar a esa empresa sin experiencia, creada apenas el 11 de diciembre del 2015 y registrada el 9 de febrero de este año; y a la que se le asignó su primer contrato por 4 millones de pesos, trece días después, el 22 de febrero de 2016. Eso es tener suerte”, dijo.

Al señalar que Zamudio Corro no garantiza un adecuado uso de los recursos ni una correcta administración, exigieron al presidente del OPLE, José Alejandro Bonilla Bonilla,  la renuncia de la citada funcionaria, “la cual hoy es señalada por participar en una red de funcionarios del gobierno que hace contratos con empresas fantasmas”.

Criticó también que el  25 de mayo, el Secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín y el Contralor General, Ricardo García Guzmán se presentaran en la cabina de radio del periodista Ciro Gómez Leyva “en papel de abogados defensores de estos actos de corrupción, y en lugar de indagar e investigar estos actos administrativos, la recepción de los bienes y la entrega de los mismos a los beneficiarios, inmediatamente justificaban la corrupción”.