Xalapa, Ver. La iglesia católica está chantajeando en tiempos electorales a los diputados del Congreso del Estado, entrometiéndose en asuntos públicos que completen únicamente al estado.

Un ejemplo claro es la presión que están ejerciendo para que se apruebe en segunda vuelta la reforma al artículo 4°, que busca proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, consideró la coordinadora del grupo Equifonía, Araceli González Saavedra.

Diversas organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, se manifestaron en contra de la aprobación de dicha iniciativa, pues consideran que la penalización del aborto, sobre todo el que se busca por consentimiento, es un hecho, pese a que el gobernador Javier Duarte de Ochoa lo niega.

Las organizaciones instaron al ejecutivo del estado a crear un programa estatal de interrupción legal del embarazo para garantizar una atención oportuna a las mujeres que buscan abortar sin poner en riesgo sus vidas.

Además destacaron que el 41 por ciento de las mujeres que se realizan un aborto son de religión católica, de edades entre los 12 y 43 años, por lo que consideran que además de no representar a toda la grey, el grupo de clérigos no está tomando en cuenta ese dato.

Por su parte Karina Soto, del colectivo Mujeres por el derecho a decidir, señaló que todas las barreraa puestas a las mujeres para acceder a un aborto en el estado, las obliga a trasladarse a la Ciudad de México para practicarse un aborto de manera legal.

De esto, se tiene documentado que las mujeres de Alvarado, Cerro Azul, Coatzacoalcos, Chicontepec, Jalcomulco, Poza Rica, San Andrés Tlalnelhuayocan, Xico, Naolinco, Papantla, Tuxpan, Xalapa y la sierra de Veracruz son las que más acuden a la capital del país para interrumpir el embarazo.

"En Veracruz, mujeres y niñas son torturadas al obligarlas a continuar con un embarazo forzado".

La iniciativa de reforma al artículo 4o constitucional aprobada en la primera vuelta en el Congreso veracruzano, dijeron, contraviene a los estándares internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

"La iniciativa no sólo expone la vida de las mujeres y niñas, sino que genera un retroceso en los avances en materia de derechos humanos, en particular de sus derechos sexuales y reproductivos, además de que no es consistente con amplio marco legal en el país", destacaron.

"Dentro de la propia Iglesia Católica hay diversas posturas, incluso dentro de la propia jerarquía católica; sin embargo, hacen declaraciones irresponsables donde prácticamente están chantajeando a los legisladores de los diferentes partidos para que voten a favor de la reforma", señaló González Saavedra.