Xalapa, Ver. ¿Qué dice la carta que la UV envió a la ONU, en donde pide que dé seguimiento a los adeudos que Javier Duarte mantiene con la casa de estudios, y que pueden estar violando el derecho a la educación?

A continuación, quince puntos clave en la carta presentada ante Kishore Singh, Relator sobre el Derecho a la Educación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Incumplimiento en la entrega de recursos:

1.- La Secretaría de Finanzas ha incumplido la entrega de recursos federales y estatales convenidos para el financiamiento de la UV. Al 30 de septiembre de 2015, adeudaba subsidios por 2 mil 92 millones de pesos (451.7 millones de recursos federales y mil 640.8 millones estatales, estos últimos incluyen montos adeudados que datan desde el año 2008).

2.-A esa misma fecha, el gobierno estatal cayó en el incumplimiento de pago de impuestos retenidos a los trabajadores por una cantidad de 655.7 millones de pesos (sin incluir recargos, multas y actualizaciones).

Incremento de los adeudos a la casa de estudios:

3.- En enero de 2016, el monto por subsidios no ministrados pasó a 2 mil 144 millones de pesos.

4.-Y dado que la UV dio prioridad al pago de sueldos y salarios de trabajadores, al 31 de enero de este año, la UV adeudaba al Servicio de Administración Tributaria el Impuesto sobre la Renta retenido a trabajadores por 934.5 millones de los cuales 102.7 corresponde a recargos y actualizaciones.

Disminución del presupuesto otorgado a la UV

5.- El 29 de diciembre de 2015 se publicó el Decreto Número 623 de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, en donde se disminuye el subsidio estatal ordinario para la UV en 172.2 millones,  esto es, el 7% respecto al presupuesto autorizado en el año inmediato anterior, atentando con ello contra el principio de progresividad y la prohibición de regresividad como garantía de los derechos humanos.

Intentos por traspasar nuevas obligaciones financieras a la UV

6.- Con fecha 18 de febrero del 2016, el Ejecutivo del Estado envío al Congreso Local una iniciativa de Reforma al artículo 98 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado –IPE-.

Dicha iniciativa implicaba básicamente el deslinde del gobierno respecto a su obligación como responsable solidario del pago de pensiones ante la insuficiencia de recursos del IPE y el paso directo del pago de éstas a los patrones; lo que transgrede el sentido mismo de la existencia del IPE como organismo estatal encargado de la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.

En el caso de la UV dicha iniciativa también impactaría de forma insostenible su carga financiera, ya que además de pagar salarios y prestaciones a sus trabajadores, tendría que pagar también las pensiones de sus jubilados, muchos de los cuales hicieron sus aportaciones al IPE durante toda su vida productiva.

7.- El 9 de marzo, ante los diversos y numerosos pronunciamientos en contra, el Ejecutivo local retiró públicamente su iniciativa de modificación al artículo 98 de la Ley del IPE. Sin embargo, de esto último no se tiene certeza jurídica dado que la comunicación oficial respectiva al poder legislativo del Estado no se ha hecho hasta el momento.

Gobierno de Veracruz, negar la deuda

8.- Ante la exigencia de pagos, el gobernador ha expuesto diversas posiciones que van desde negar la deuda pendiente, acusar de forma falsa a la Universidad de adeudos al IPE y de ser responsable de que dicha entidad no pague puntualmente a los trabajadores retirados, la presentación de una propuesta de acuerdo leonino y engañoso de los derechos a favor de la comunidad universitaria de la UV, hasta la aceptación del adeudo y, contradictoriamente, advertir públicamente que sólo pagará a la Universidad 450 millones.

Gestiones de la UV parar lograr la liquidación de la deuda

9.- La UV emprendió diversas acciones con la intención de solventar el problema de falta de pago completo y oportuno de lo adeudado. Dichas acciones incluyeron diversas reuniones con el gobernador del Estado, una reunión con el entonces Secretario de Educación Emilio Chuayffet Chemor y con el actual, Aurelio Nuño Mayer; una reunión con las Comisiones de Hacienda y de Educación del Senado de la República y otra con la Comisión de Educación y Cultura del Congreso Local; la entrega de una carta al Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de México, en la que se le expuso la dramática situación financiera por la que atraviesa la institución.

10.- El 2 de febrero de este año, la UV presentó dos denuncias penales por la falta de pago completo y oportuno. Una de ellas, de carácter federal, fue interpuesta ante la Agencia del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, por el adeudo de 451.7 millones, por concepto de Subsidio Federal Extraordinario, la cual fue radicada con el registro AP/PGR/XAL/IV/012/2016/P.P.

La otra se presentó (2/II/2016) y ratificó (8/II/2016) ante la Coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por un adeudo de mil 625.1 millones, por concepto de subsidio estatal ordinario y extraordinario.

La UV presentó también el 2 de febrero de 2016 demanda de amparo por inconstitucionalidad de leyes ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Mixta de Xalapa por la emisión del Decreto Número 623 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, a través del cual se disminuyó el subsidio estatal ordinario en un 7 por ciento respecto al presupuesto autorizado en el año 2015.

Los efectos de la deuda del Gobierno con la UV

11.- Los adeudos, en términos académicos se están traduciendo en la limitación institucional de la capacidad de ampliación de la matrícula (accesibilidad) en programas formales y no formales, lo que implica una afectación para quienes en el marco de un desarrollo institucional sin obstrucciones estatales, tendría oportunidad de acceder a una educación pública de calidad.

12.- Adicionalmente, con la situación que atraviesa la UV se pone en riesgo que algunas de las certificaciones y acreditaciones con las que cuenta se pierdan, debido a que algunos de los indicadores de calidad educativa no se han logrado mantener o realizar ante la falta de recursos y la imposibilidad de cumplir con las observaciones o recomendaciones en materia de infraestructura o equipamiento.

13.- Además de lo anterior, la situación que se enfrenta está afectando diversos procesos universitarios como el desarrollo y difusión de proyectos de investigación, la renovación y actualización tecnológica, el sostenimiento de contrataciones o la promoción de plazas académicas y administrativas requeridas para el óptimo desempeño de las entidades académicas, la realización de eventos académicos y culturales, el apoyo a la movilidad e intercambio estudiantil y académico, y la promoción de la evaluación y el registro de programas de posgrado en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad.

14.- La Máxima Casa de Estudios considera que si el Gobernador del Estado cumple su advertencia de sólo pagar los recursos federales adeudados, no será posible llevar a cabo el pago a trabajadores académicos, técnicos y manuales.

15.- Además, prevé que si las cosas continúan como hasta ahora, se generará graves afectaciones al proyecto académico institucional y muy probablemente el patrimonio universitario se verá mermado considerablemente, al ejecutarse por parte del Servicio de Administración Tributaria el cobro del Impuesto sobre la Renta retenido por la UV a sus trabajadores.

En la carta, la UV hizo tres peticiones al relator de la ONU: 1.-Entable comunicación con el Estado mexicano en torno al asunto que le planteamos y respecto a las medidas que las autoridades mexicanas tomarán para reconducir esta situación; 2. Visite México, estado que mantiene invitación abierta y permanente a los mecanismos internacionales de derechos humanos, para constatar de manera directa el estado de cosas que priva en la temática de nuestro interés; y 3. En su momento, emita el informe que considere procedente.