Xalapa, Ver. Un total de siete policías municipales de Papantla, entre ellos el mando encargado, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado y enviados a un penal regional por su supuesta participación en la desaparición forzada de tres jóvenes el pasado 19 de marzo.

Se detuvo a Higinio Bastián Santiago, José Luis Ramiro García, Rufino Pérez Baltazar, Benito Velásquez Jiménez, Reyes León de la Cruz, Mauro Olmedo Hernández, así como el comisario Bernardino Olmedo Castillo.

Los detenidos ya fueron puestos disposición del juez de control para lograr la localización de los jóvenes, confirmó el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.

“La policía Ministerial ejecutó las órdenes de aprehensión luego de la solidez mostrada en la carpeta de investigación 326/2016 iniciada el 20 de marzo pasado”, aseveró Bravo Contreras.

Subrayó que de acuerdo con distintos testimonios los señalamientos frontales son en contra de policías municipales, que supuestamente subieron a tres jóvenes a la patrulla en donde trabajaban, aunque solo familiares de dos de los jóvenes pusieron la denuncia pertinente.

Los municipales detenidos se negaron a declarar, sin embargo, las pruebas periciales aplicadas a un automóvil Chevrolet Aveo color rojo, con reporte de robo con violencia, donde se trasladaban los desaparecidos, entrevistas con testigos, trabajos de criminalística, entre otras, dieron como resultado la liberación de las órdenes de aprehensión.

“Quiero señalar que dentro de los detenidos están los tripulantes de la patrulla 084 señalados directamente tanto por familiares como por testigos como los policías que intervinieron a los jóvenes desaparecidos”, acotó Bravo Contreras, quien enfatizó que la indagatoria no concluirá hasta dar con el paradero de los jóvenes.

Aseguró que la investigación está en desarrollo y no se excluye a ningún elemento, puesto que los jóvenes habrían sido entregados a la delincuencia organizada, y afirmó que se llegará a donde se tenga que llegar, como el caso Tierra Blanca.

Añadió que hay más órdenes de aprehensión que se girarán en los próximos días.

Videos de “Los Porkys” no son elementos de prueba

En relación al caso de la violación de una menor de edad en Boca del Río, el fiscal aclaró que sería irresponsable y cobarde turnar el expediente ante un juez, lo que invariablemente afectaría sería a la víctima, pues se puede “caer” el asunto.

Explicó que los elementos de ese caso, contenidos en la investigación no son los que se han ventilado en los medios de comunicación, sino el debate de pruebas que señala la parte denunciante como los denunciados.

Es decir, uno señala y otros niegan, y ambas partes han aportado pruebas, por lo que el Ministerio Público tiene la obligación de recibir todas las pruebas que se oferten; en su oportunidad, dijo, se determinará conforme a derecho.

“Hay comentarios que no concuerdan con algo real; esa confronta que hay de elementos entre lo que dice el denunciante con lo que dicen los jóvenes es lo que tenemos que dilucidar”, agregó.

Los videos que se han ventilado, donde los señalados aceptan su participación en los hechos, dijo, no son una confesión, pues de hecho, confesiones hechas en el propio Ministerio Público se anulan por carecer de elementos considerados en la propia ley.

“Esos videos no hablan de una confesión, hablan de una disculpa. Ese video no es más que un indicio”, sostuvo.

Lamentó que un abogado haya calificado con el rango de confesión a dicho video, con lo que se evidencia los intereses de terceros, que no representan ningún tipo de presión para la Fiscalía General del Estado.

Aun así, Bravo Contreras dijo al padre de la menor que hay “total garantía de justicia, lo único que yo le ruego es que nos dé la oportunidad de construir un expediente sólido, eficaz y procesalmente inobjetable”.

Aseguró que la propia fiscalía invitó a las Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos para que vigilen dicho expediente, por lo que ya hay observadores pendientes del caso.

“Mentira que hay opacidad, mentira que hay dilación. Desde aquí mi más alto compromiso con la víctima a que tendrá justicia y al juez llegará lo que deba llegar buscando el más ejemplar de los castigos pero cubriendo las reglas y no satisfaciendo intereses de terceros que están demando irresponsablemente la consignación de un caso que aún no tiene la solidez que se requiere para tener la verdad bien a bien”, dijo.

Reiteró que la presencia de la Derechos Humanos en el caso es para diluir los señalamientos que se realizan contra la FGE; por si fuera poco, anunció que hará un llamado al alto Comisionado de la ONU-DH para enviar visitadores propios.