Xalapa, Ver.- El mecanismo legal que implementará el Organismo Público Local Electoral (OPLE) ante el retraso de la ministración de los fondos etiquetados, es la controversia constitucional, ante la violación a la carta magna local, que establece que el órgano electoral es autónomo en su presupuesto.

Así lo planteó el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, quien afirmó que el área jurídica del OPLE está detallando el documento que se pidió desde el pasado 28 de noviembre, cuando se observó el retraso en la entrega del presupuesto a dicho organismo autónomo y se hizo la petición formal de todo el Consejo.

Cuestionado si al igual que la UV, el poder Judicial y la Fiscalía estarían solicitando que se les de autonomía en su presupuesto y se les etiquete algún porcentaje, refirió esa obligación ya está contenida en la ley.

En entrevista en las instalaciones del OPLE, dijo que el artículo 97 del código electoral y el 116, apartado 4 de la Constitución ya les da ese beneficio legal.

“Yo aquí lo que considero es que el Secretario de Finanzas ha estado violentando esta autonomía presupuestal y la ha violentado de diferentes formas, por un lado el hecho de que recortará los 154 millones en el paquete económico que mando  el OPLE, es una violación a esa autonomía presupuestal, porque él no tiene capacidad alguna para recortar al presupuesto”.

El funcionario explicó que otra violación que se comete de manera sistemática es que cuando se solicita al área administrativa del órgano local el que se demuestre de manera anticipada el gasto del flujo efectivo.

“Eso violenta la independencia y eso es lo que se está haciendo. El secretario ha dicho que no se puede entregar la ministración mensual, porque primero hay que demostrar en qué se va a gastar”.

Afirmó que esas medidas administrativas se pueden tomar ante las dependencias del estado, o los poderes legislativos, pero no así de organismos como la UV, el OPLE, la CEAPP, CEDH o la Fiscalía General del Estado.

Adelantó que en la sesión de este viernes se hará nuevamente la solicitud de actuar legalmente contra la Sefiplan y recomendó a los diputados locales ser más específicos en el código local, para que el tema de su autonomía no se deje a la interpretación de los administradores del recurso del estado.

“A lo mejor esa autonomía requeriría un párrafo adicional que dijera en qué consiste esta autonomía y que quede claro que las ministraciones bimestrales o mensuales se entreguen y que no se pueda disminuir por ninguna circunstancia  o se pida comprobación del dinero, que se tiene que acreditar ante el ORFIS, y que se señale que no podrá ser recortado por Finanzas. Falta algún párrafo adicional que explique cómo sería la autonomía del OPLE”.

Explicó que a la fecha se les deben 131 millones de pesos, de los cuales 16 corresponden a diciembre y de enero y febrero suman ya 114 millones de pesos.

Avc