Xalapa, Ver. De manera tibia y tres meses después que iniciaron sus problemas financieros el Organismo Público Local Electoral dio un ultimátum a la Secretaría de Finanzas y Planeación para el depósito inmediato de más de 162 millones de pesos ya que la nómina de más de 500 empleados de los consejos distritales está en riesgo.

El OPLE analiza apenas esta semana proceder de manera legal contra la Secretaría de Finanzas y Planeación sin embargo el consejero presidente José Alejandro Bonilla Bonilla insistió que tienen confianza que les hagan el depósito de los recursos.

Si la situación continúa de esta manera, no podrá realizarse la licitación del PREP, la compra del material electoral, entre otras obligaciones; con ello se pone en riesgo real y severo la elección para renovar el poder ejecutivo y el congreso del estado.

La consejera Eva Barrientos Zepeda indicó que se han depositado solamente salarios para el consejo central, no así para los de los 30 distritos, donde ha habido problemas hasta con el pago de la renta.

Barrientos Zepeda agregó que en el caso de las prerrogativas a los partidos políticos, el recurso ha llegado hasta con 12 días de retraso, lo que representa también un agravio para los institutos políticos.

Por su parte, el consejero Jorge Hernández y Hernández indicó que la operación del OPLE se ha llevado cabo “tapando un hoyo y destapando otro”, debido a que se ha hecho uso de un recurso por 9 millones de pesos destinados para la compra de parque vehicular, como pago de nómina.

Para esos salarios, el Organismo eroga de manera quincenal 3 millones 126 mil pesos; es decir, ya se pagó la primer quincena de febrero, se tendrá que pagar la siguiente, y para una tercera ya no alcanzará.

“Por lo que el proceso electoral se pone en riesgo porque le exigimos a estas personas que se dedicaran de tiempo completo, entonces en esa correspondencia tenemos que pagar y pagamos con recursos destinados a otros rubros”.

Cabe destacar que en diciembre, el OPLE solicitó un presupuesto de mil 163 millones de pesos, pero la Sefiplan envió al Congreso la petición de mil 9 millones.

“Y eso es inconstitucional y atenta contra nuestra autonomía”, dijo la consejera Tania Molina.