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Alcalde de Agua Dulce, calla ante presunto daño patrimonial

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La Comisión de Hacienda del Estado ha realizado juntas sobre el presunto daño patrimonial por más de 10 millones de pesos

Agua Dulce, Ver.- Sin declaración alguna se mantienen ediles y funcionarios que integran la comisión de Hacienda, después de que la comisión de vigilancia del Congreso del Estado anunciara que Agua Dulce resultó con un presunto daño patrimonial por 10 millones de pesos en la revisión de la cuenta pública 2014.

Durante la semana, el alcalde Daniel Martínez González, el síndico, Antonio de la Cruz Balcázar, el regidor segundo, Juan Crisóforo González Ramírez, la tesorera, Maribel Lalo Jacinto  y el director de Obras Públicas, Agustín González Cordova se mantienen en junta para tratar temas referentes a la comisión de Hacienda.

Además, el resto del cuerpo edilicio también asiste a las reuniones en las que el tema principal son las observaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a la cuenta pública 2014.

Hasta el momento, a pesar de las declaraciones hechas por los diputados Francisco Garrido Sánchez y Juan René Chiunti, de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, ningún funcionario o edil en Agua Dulce ha hecho alguna aseveración sobre el tema, pues han argumentado que no han tenido notificación oficial.

Hasta el momento, el alcalde de Agua Dulce, Daniel Martínez González se ha negado a realizar declaración alguna en entrevista sobre el tema e incluso para evitar hacerlo argumenta tener alguna salida urgente, como sucedió el pasado miércoles, cuando abordó un vehículo pues, a decir del munícipe, “ya lo estaban esperando”.

Por otra parte, ediles manifestaron que la noticia ha impactado fuertemente en el Ayuntamiento y entre la sociedad de Agua Dulce: los funcionarios niegan el presunto daño mientras que los ciudadanos exigen una respuesta a la situación, misma que todavía no ha llegado.

Los principales señalados por el presunto daño patrimonial al municipio hidrómilo niegan hablar sobre el tema y argumentan no tener algún tipo de notificación oficial del Orfis, toda vez que no se ha realizado una rueda de prensa o un informe oficial hacia la ciudadanía respecto al presunto desfalco. 

Avc