Xalapa, Ver. En casos como el desalojo a pensionados y jubilados ocurrido en la Plaza Lerdo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)  dejó de lado medidas que pudieron beneficiar a los afectados, sostuvo Rafael Ortiz Castañeda, aspirante a ocupar la presidencia de dicho organismo.

En entrevista, señaló que lastima a la sociedad el hecho de no actuar con oportunidad, por lo que actualmente la entidad es un referente de lo malo que pasa a nivel nacional y hasta internacional.

Al acudir a su comparecencia ante la comisión Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes, Ortiz Castañeda subrayó que no tiene registros de militancia partidista en ninguna fuerza política ni es “palero” de nadie.

Al respecto, propuso que cualquier autoridad o servidor público que no cumpla con una recomendación de la CEDH o que haga una negativa, tenga que fundamentar, motivar y ubicar dicha negativa.

“Si la comisión sea nacional o estatal no está de acuerdo tendrá que comunicárselo al Congreso para que lo cite y comparezca, para explicar las razones de la negativa. Es algo nuevo que no está en la ley vigente, ya que actualmente solo se da a conocer quiénes no cumplieron en un informe”, explicó.

Recordó que en la ley las recomendaciones no son vinculatorias, pero con esta nueva acción se podría estar previendo el constitucionalismo de que la CEDH debe de hacer algo en la atención inmediata que dé resultados.

Aunque aseguró que es una persona hecha en el sistema, destacó que confía en la división de poderes pues cuando hay una independencia real y manifiesta cualquier funcionario tendrá la facultad de servir en una institución autónoma.